El Gobierno de Canarias ha dado respuesta a la solicitud de información formulada por la diputada socialista Patricia Hernández sobre los motivos por los que las ayudas destinadas a las familias afectadas por la erupción volcánica de La Palma no se están abonando con normalidad. La contestación, elaborada a partir de los datos recopilados por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, detalla las razones administrativas y presupuestarias que han condicionado el ritmo de los pagos.
Según el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), la causa principal del retraso es el agotamiento del crédito máximo establecido en la Orden de 19 de abril de 2022, que regulaba esta línea de apoyo económico para el alquiler de vivienda habitual. Aquel marco inicial fijó un presupuesto de 4.276.800 euros, completamente comprometido debido a la alta demanda derivada de la emergencia habitacional en la isla.
Para evitar que las familias quedaran desprotegidas, el Gobierno se vio obligado a modificar las bases de la convocatoria con el fin de ampliar el periodo de concesión -que pasó de 36 a 48 meses- y habilitar un nuevo sistema de financiación que permitiera dotar periódicamente la línea de ayudas. Estos cambios se formalizaron mediante la Orden conjunta de 20 de agosto de 2025, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 28 de agosto de ese año.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico aprobó el 9 de junio de 2025 una ampliación presupuestaria de 500.000 euros destinada a cubrir las ayudas de alquiler de vivienda habitual para las familias damnificadas. De esta cuantía, ya se han abonado resoluciones por un total de 498.622,44 euros, sumando las cantidades recogidas en el Boletín Oficial de Canarias del 10 de septiembre de 2025 y las cinco resoluciones que aún se encuentran en tramitación, cuyo importe asciende a 41.262,40 euros.
A pesar de los avances, el Gobierno admite que todavía será necesario un nuevo refuerzo financiero para atender todas las solicitudes pendientes. Por ello, ya está en curso la incorporación de un crédito adicional de 300.000 euros, que permitirá cubrir los pagos previstos hasta final de ejercicio.
La respuesta oficial concluye reiterando el compromiso del Ejecutivo con las familias afectadas por la erupción y señalando que las modificaciones normativas y los ajustes presupuestarios se han adoptado precisamente para garantizar la continuidad de unas ayudas esenciales para la reconstrucción de la vida de cientos de personas en La Palma.
