La política comercial europea ha vuelto a encender las alarmas en el sector primario de las islas. El Grupo Nacionalista Canario (CCa) ha registrado una Proposición No de Ley que califica el reciente acuerdo entre la Unión Europea y el bloque de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) como una auténtica «estocada final» para el agro canario. Según la iniciativa parlamentaria, Bruselas ha decidido sacrificar la producción de alimentos en favor de los sectores industrial, automovilístico y farmacéutico, áreas con una presencia nula en el archipiélago, dejando a Canarias como el principal «daño colateral» de esta expansión comercial.
El nudo de la discordia reside en la absoluta falta de reciprocidad que el pacto impone a los productores locales. Los nacionalistas denuncian que, mientras los agricultores y ganaderos canarios están sometidos a normativas fitosanitarias, ambientales y laborales extremadamente rígidas, los productos de Mercosur entrarán en el mercado europeo sin cumplir las mismas reglas. La ausencia de las denominadas «cláusulas espejo» permite que potencias agrícolas como Brasil o Argentina compitan con costes de mano de obra y tratamientos químicos prohibidos en las islas, generando lo que el sector define como una competencia desleal e inasumible.
Para Canarias, el impacto no es solo una cuestión de precios, sino de supervivencia de sus señas de identidad. El acuerdo liberaliza el 82% de las importaciones agroalimentarias del bloque suramericano, lo que pone en el punto de mira a subsectores clave como la carne de vacuno, el porcino y, muy especialmente, la producción de plátano y vino. La PNL advierte que el reducido tamaño de las explotaciones isleñas hace que sea físicamente imposible competir en igualdad de condiciones con las gigantescas superficies de cultivo de Mercosur, lo que podría abocar al abandono de miles de hectáreas en el archipiélago.
Ante este escenario, el Parlamento de Canarias busca forzar al Gobierno de España a que exija en Bruselas una evaluación de impacto específica para las Regiones Ultraperiféricas (RUP). La iniciativa parlamentaria reclama que no se firme ni un solo acuerdo que no garantice rigurosamente los estándares de seguridad alimentaria europeos en origen. Además, exigen compensaciones económicas adicionales para paliar las pérdidas que este tratado -actualmente suspendido por el Tribunal de Justicia de la UE para su examen- podría causar en la economía rural de las islas.
En última instancia, el debate sobre Mercosur trasciende lo económico para convertirse en una cuestión de soberanía y lealtad. El campo canario, que aún se recupera de las protestas del pasado año, ve en este pacto una falta de coherencia de una Unión Europea que presume de sostenibilidad mientras importa productos que no respetan su propio modelo productivo. La batalla parlamentaria en las islas busca ahora que Canarias deje de ser la moneda de cambio en los grandes acuerdos de Bruselas y que el «escudo» de la ultraperiferia sirva, de una vez por todas, para proteger el plato de los canarios.
