La ley busca blindar la independencia citando explícitamente el artículo 5 del reglamento (UE) 2024/1083. Sin embargo, el diablo está en los detalles de la gobernanza: A diferencia de los modelos de gobernanza estables que prefiere la Comisión, Canarias vincula ahora el mandato de la Junta de Control y de la Dirección General a la duración de la legislatura.
Mientras Bruselas todavía está terminando de imprimir los folletos sobre el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), el Parlamento de Canarias ha pisado el acelerador. El nuevo proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual ha entrado en la Cámara por la vía de urgencia, con un objetivo claro: poner fin a una década de ‘fracaso institucional’ y bloqueos que obligaron a gestionar la televisión pública mediante decretos leyes.
Botón del pánico
El Artículo 20 es una joya de la ingeniería política: si el Parlamento no logra ponerse de acuerdo para nombrar la Junta de Control, la Dirección General asume todos los poderes de forma excepcional. Es el mecanismo ‘anti-bloqueo’ definitivo, pero que en Bruselas levantará cejas por la concentración de poder.
Polonia
Tras los años de PiS, el gobierno de Tusk en Polonia tuvo que recurrir a medidas drásticas de liquidación para limpiar la TVP. Canarias opta por una vía legalista: derogar la ley de 2014 para resetear el contador. La UE vigila con lupa que los ceses de directivos no sean arbitrarios. El proyecto canario intenta curarse en salud exigiendo «causa justificada» y audiencia previa para cualquier destitución anticipada, siguiendo los estándares europeos. Si el modelo canario de «mandato por legislatura» se extiende, la ambición de desvincular los medios públicos de los ciclos electorales podría quedar en papel mojado.
El fantasma húngaro no es una simple advertencia retórica de algunos pasillos en Tenerife; es el término técnico-político que describe la ‘captura estatal’ de los medios de comunicación. Se refiere a la táctica utilizada por gobiernos iliberales para purgar las televisiones públicas mediante el cese arbitrario de sus cúpulas directivas, sustituyéndolas por perfiles leales para convertir el servicio público en un altavoz gubernamental. Con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), la Comisión Europea ha dejado claro que no tolerará más «noches de los cuchillos largos» en los entes públicos, exigiendo que cualquier destitución esté blindada por criterios objetivos y transparentes.
En el caso de Canarias, este fantasma ha sobrevolado la RTVC durante casi una década, aunque bajo una forma distinta: la parálisis por bloqueo. La incapacidad de las mayorías parlamentarias para renovar los órganos de control derivó en una gestión mediante decretos leyes y administradores únicos, una anomalía democrática que el nuevo Proyecto de Ley (11L/PL-0015) intenta subsanar invocando el Artículo 5 de la EMFA. Al incluir la «causa justificada» y la «audiencia previa», el legislador canario no solo busca organizar la casa, sino que está levantando un muro de contención legal que evite críticas sobre infracción por falta de independencia editorial, como ya ha ocurrido con Budapest.
El blindaje procesal propuesto es ambicioso: un directivo ya no podrá ser cesado por un simple cambio de color político en el Gobierno regional. La ley exige ahora que se demuestre un incumplimiento grave de las funciones o una incapacidad técnica, y lo que es más importante, otorga al afectado el derecho a defenderse en sede parlamentaria antes de ser destituido. Esta audiencia previa actúa como un inhibidor de decisiones arbitrarias, ya que obliga a los partidos a exponer públicamente — las razones reales detrás de una destitución, evitando que los ceses se produzcan en la opacidad de los despachos.
Sin embargo, el proyecto canario presenta una contradicción que será analizada con lupa: el mecanismo de desbloqueo. Si el Parlamento no logra acordar la Junta de Control, la Dirección General asume plenos poderes. Aunque se vende como una solución a la inoperatividad, existe el temor de que este tipo de atajos institucionales acaben facilitando precisamente lo que el fantasma húngaro busca: la concentración de poder en una sola figura vinculada al ciclo de la legislatura. Canarias podría ser el primer modelo de cumplimiento de la nueva EMFA en España, pero el éxito de este blindaje dependerá de que la «causa justificada» no se convierta, con el tiempo, en un mero trámite administrativo para ejecuciones políticas.
