El pulso político abierto por el Gobierno de Canarias alrededor del MV Hondius terminó este domingo con una respuesta directa del Estado. La Dirección General de la Marina Mercante ordenó formalmente la entrada del crucero holandés en el puerto de Granadilla, en Tenerife, después de que Fernando Clavijo amenazara horas antes con bloquear el fondeo del buque mientras no se garantizara la evacuación inmediata de todos los pasajeros.
La resolución, firmada por la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, impone la acogida del barco “ya sea mediante fondeo o mediante atraque”, bajo coordinación de las autoridades sanitarias responsables del operativo. El documento desmonta de facto el margen de maniobra político que Coalición Canaria había intentado ejercer sobre la llegada del crucero.
La decisión supone un movimiento institucional de enorme calado. El Gobierno central activa la autoridad de la Marina Mercante para neutralizar cualquier bloqueo administrativo desde Canarias en plena crisis sanitaria internacional vinculada al brote de hantavirus detectado a bordo del Hondius.
La resolución se apoya en el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, una herramienta jurídica reservada para situaciones extraordinarias relacionadas con seguridad marítima, salvamento o riesgos sanitarios.
El texto deja poco margen interpretativo. La Autoridad Portuaria deberá facilitar todos los servicios necesarios para la entrada del buque, incluidos practicaje, remolque y amarre. La decisión final sobre si habrá atraque directo o fondeo controlado dependerá únicamente del operativo sanitario diseñado por el Estado.
El choque institucional había escalado el sábado hasta niveles inéditos. Clavijo anunció públicamente que daría instrucciones para impedir el fondeo del barco si el Gobierno español no garantizaba la salida del pasaje durante el domingo. El presidente canario acusó al Ejecutivo central de imponer decisiones sin compartir todos los informes sanitarios y sin atender las peticiones logísticas planteadas por Canarias.
La tensión aumentó tras conocerse retrasos en dos vuelos previstos para evacuar pasajeros. El Ejecutivo autonómico reclamó utilizar plazas libres en aeronaves militares y vuelos neerlandeses para acelerar la salida de entre 20 y 25 viajeros pendientes de repatriación.
“Colaboración, sí. Solidaridad, también. Pero no a cualquier precio”, escribió Clavijo en redes sociales en uno de los mensajes más duros lanzados por un presidente autonómico canario frente al Estado en una crisis de salud pública.
Horas después llegó la respuesta jurídica de Madrid.
La intervención de la Marina Mercante redefine además el debate abierto durante los últimos días sobre el supuesto “derecho de veto” de la Autoridad Portuaria de Tenerife. El presidente portuario, Pedro Suárez, dirigente del PP tinerfeño, había defendido públicamente que la última decisión sobre la entrada del buque recaía en su ámbito de responsabilidad.
La resolución estatal fija ahora un marco completamente distinto. En situaciones excepcionales de riesgo combinado sanitario y marítimo, la capacidad de decisión última corresponde al Estado a través de la Marina Mercante.
El episodio deja una imagen política delicada para Coalición Canaria. El Gobierno autonómico había elevado el tono hasta convertir el Hondius en un símbolo de resistencia institucional frente a Madrid. La orden estatal evidenció finalmente dónde reside la autoridad ejecutiva en una crisis de estas características.
La llegada del crucero se produce bajo una fuerte tensión social en Tenerife. El Hondius transporta pasajeros procedentes de una ruta polar por la Antártida, Georgia del Sur y Tristan da Cunha. El brote detectado a bordo está vinculado presuntamente al hantavirus de los Andes, una variante extremadamente rara capaz de transmitirse entre humanos.
Tres personas han fallecido y varios países mantienen vigilancia epidemiológica sobre viajeros relacionados con el barco. Singapur aisló esta semana a dos ciudadanos que compartieron trayecto con pasajeros del crucero.
En Canarias, la alarma pública ha ido creciendo al ritmo de las contradicciones políticas y de la falta de información clara sobre el operativo. Sindicatos portuarios reclamaron protocolos específicos y garantías para los trabajadores implicados en la maniobra de recepción del buque.
La entrada ordenada por la Marina Mercante marca un punto de inflexión. El caso deja de ser únicamente una crisis sanitaria para convertirse también en un precedente político y jurídico sobre los límites reales del poder autonómico en infraestructuras estratégicas del Estado.
