El Parlamento de Canarias ha vuelto a recurrir a su receta estrella para intentar reanimar el comercio local: una nueva edición del programa Bonos Consumo. La Cámara aprobó en diciembre una proposición no de ley del Grupo Popular que insta al Gobierno a poner en marcha, «en el plazo más breve posible», otra ronda de descuentos subvencionados. Esta resolución, ya en manos de la Consejería de Economía, busca apuntalar al pequeño comercio frente a la asfixia de costes al alza y la feroz competencia de las plataformas digitales, repitiendo un método de alto rédito social pero con un impacto que, por definición, es meramente estacional.
A pesar de las cifras de éxito de la última campaña -donde una inversión de 2,5 millones de euros generó ventas por valor de 5,2 millones-, la medida no deja de ser un parche económico que elude los problemas estructurales del sector. Para patronales como FAUCA, el programa es un alivio necesario, pero denuncian su brevedad extrema: los bonos se agotan en apenas 15 minutos en las islas capitalinas. Esta fugacidad convierte al bono en un «impulso eléctrico» para la caja registradora que, sin embargo, no ofrece soluciones a largo plazo para un tejido productivo que demanda una reforma profunda de sus costes operativos.
El triunfo del marketing sobre la reforma fiscal
La preferencia del Ejecutivo canario por este modelo frente a la eterna reclamación de bajar el IGIC responde más a una gestión del relato que a una eficiencia económica real. Una reducción del impuesto indirecto sería una medida silenciosa, técnica y de digestión lenta que difícilmente el ciudadano atribuiría a una gestión política concreta. Por el contrario, el Bono Consumo funciona como el «fuego artificial» perfecto: genera titulares inmediatos, colas virtuales y una percepción de beneficio directo con el sello del Gobierno de Canarias, resultando mucho más rentable en términos de rentabilidad electoral que una modificación tributaria de calado.
Además, el uso de bonos permite al Gobierno mantener el control absoluto sobre el grifo del gasto público. Mientras que una bajada de impuestos supone una pérdida de ingresos permanente y lineal para las arcas comunes, el bono es una subvención discrecional que se activa y desactiva al antojo de la agenda política. Es, en esencia, una herramienta de intervención que permite al Ejecutivo aparecer como el «salvador» estacional del autónomo, evitando abordar debates incómodos sobre la presión fiscal o la burocracia que siguen asfixiando al pequeño comercio una vez que se apagan las luces de la campaña de descuentos.
En conclusión, la trampa del modelo reside en que acostumbra al sector a depender de estos balones de oxígeno temporales para cuadrar sus balances. Al final del día, el Gobierno prefiere recaudar el máximo posible a través de los impuestos al consumo para luego devolver una pequeña fracción en forma de vales de descuento. De este modo, se asegura de que el comercio local siempre tenga que mirar hacia la Plaza de España para su próxima dosis de liquidez, consolidando un sistema donde el marketing político prima sobre la estabilidad de un sector que reclama algo más que campañas coyunturales.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega H.. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
