El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles una propuesta para adherirse al futuro Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática impulsado por el presidente Pedro Sánchez, evidenciando las tensiones entre la agenda climática nacional y las sensibilidades territoriales del archipiélago.
La iniciativa, defendida por la diputada socialista Alicia Vanoostende y respaldada por Nueva Canarias (NC), pretendía que el archipiélago participara activamente en la definición de un marco estatal de adaptación climática. Sin embargo, los grupos del Gobierno regional —Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Agrupación Socialista Gomera (ASG)— junto a Vox, votaron en contra.
Los motivos fueron distintos. Mientras Vox calificó la propuesta de “fanatismo climático”, las fuerzas del Ejecutivo regional argumentaron que el pacto no contempla las singularidades canarias ni compromisos específicos con su territorio. “En el texto no se habla de Canarias, ni de nuestras particularidades, ni de nuestras necesidades”, explicó la diputada Évora Soto (CC).
Vanoostende reprochó al Gobierno autonómico su negativa a respaldar una estrategia estatal “que interpela a todos”, recordando que Canarias es una de las regiones europeas más vulnerables al cambio climático, con amenazas directas sobre sus costas, su modelo turístico y sus recursos hídricos.
Una cuestión de competencias y dependencia económica
El rechazo refleja un dilema recurrente en la política canaria: el equilibrio entre autonomía y cooperación con el Estado. Desde la aprobación del Estatuto de 1982, las islas han reivindicado competencias plenas en materia ambiental, temiendo que cualquier iniciativa centralizada erosione su capacidad de gestión.
Pero más allá del debate jurídico, el contexto económico pesa. Canarias sigue dependiendo casi en su totalidad de los combustibles fósiles importados —más del 90% de la energía procede del exterior— y de sectores especialmente sensibles al clima, como el turismo y la agricultura.
Adoptar compromisos de descarbonización sin una financiación estatal específica podría, según fuentes del Ejecutivo regional, “generar más costes que beneficios” en el corto plazo. Sin embargo, expertos advierten que retrasar la adaptación climática solo aumentará los riesgos estructurales para la economía insular.
Polarización y oportunidad perdida
Las intervenciones parlamentarias dejaron también al descubierto la creciente polarización ideológica. El diputado de Vox, Nicasio Galván, negó cualquier relación entre el cambio climático y fenómenos recientes como los incendios o las tormentas, mientras que Luis Campos (NC) apeló a “no aislar a Canarias del diálogo nacional” y a “convertir su vulnerabilidad en liderazgo”.
El resultado final supone que el archipiélago quede, por ahora, fuera del gran pacto estatal que el Gobierno central busca articular para coordinar políticas de adaptación.
Más allá del desacuerdo político, el episodio reabre una cuestión de fondo: hasta qué punto la defensa de la singularidad canaria puede convertirse en un obstáculo para afrontar desafíos globales que no reconocen fronteras.
“Esto no es un pacto de partido, ni de gobierno”, resumió Vanoostende al cerrar el debate. “Es un pacto con el planeta.”
