
La secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha elevado el conflicto territorial del archipiélago a la esfera internacional tras presentar un informe ante la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en Ginebra. El documento detalla un «grave deterioro social, ecológico y territorial» que, según la formación, es consecuencia directa de unagestión turística descontrolada. El objetivo de esta maniobra es forzar la intervención de organismos globales para exigir responsabilidades políticas y evitar que los más de 100 «atentados» contra el patrimonio natural y arqueológico denunciados queden impunes bajo la actual administración de CC y el PP.
El dossier técnico pone el foco en puntos críticos como el macroproyecto Cuna del Alma en Tenerife, acusado de destruir yacimientos aborígenes, y las irregularidades urbanísticas en Mogán o las Dunas de Corralejo. Podemos vincula estos proyectos con una falta de fiscalización sistémica que ya ha acarreado sanciones de la Unión Europea por vertidos ilegales. La formación morada busca ahora que la ONU verifique sobre el terreno cómo la presión alojativa ha degradado ecosistemas frágiles, convirtiendo el territorio en un activo al servicio de grandes promotoras en lugar del bienestar ciudadano.
Impacto en la vivienda y el empleo
Más allá de la crisis ecológica, el informe denuncia que el turismo se ha transformado en una «industria extractiva» que precariza el mercado laboral y asfixia el acceso a la vivienda. La proliferación del alquiler vacacional y los arrendamientos por temporada han desplazado a la población local, un fenómeno que Podemos califica de emergencia social. Desde el partido se critica con dureza que, mientras el archipiélago recibe 18 millones de turistas anuales -el doble que países como Brasil-, la clase política siga acudiendo a ferias como Fitur para captar más visitantes sin haber resuelto antes la crisis habitacional que sufren los residentes.
La concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía en el Ayuntamiento de Las Palmas, Gemma Martínez, ha reforzado esta tesis acusando al Gobierno regional de mantener un «concepto colonialista» de las islas, donde el territorio se sacrifica por beneficios que no repercuten en la mayoría social. Martínez insiste en que el derecho a un medio ambiente limpio y a la protección de la cultura propia está siendo vulnerado de forma sistemática. Para la formación, la única salida viable a este escenario de agotamiento es la implementación inmediata de una moratoria turística que permita reevaluar la capacidad de carga del archipiélago antes de que el daño sea irreversible.
En última instancia, Podemos advierte de que el incumplimiento de las leyes nacionales y europeas de protección ambiental podría derivar en sanciones económicas «cuantiosas» para las arcas públicas. Al agotar todas las vías institucionales en España, desde los ayuntamientos hasta el Gobierno central, el partido confía en que la presión desde Ginebra actúe como un catalizador para un cambio de modelo productivo. Canarias, subrayan, tiene un límite físico y social que ya ha sido superado, y la intervención internacional se presenta como la última herramienta para garantizar que el desarrollo futuro sea compatible con la vida en las islas.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.















