Mientras la política parlamentaria se pierde en el ruido de las propuestas, la verdadera maquinaria del archipiélago se mueve a través de la firma de resoluciones y protocolos. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha revelado esta semana un esfuerzo sistemático por profesionalizar la respuesta ante desastres y blindar la estructura técnica de la administración pública frente a los retos de la década. Al hablar del deep state canario, no es una conspiración de pasillo, sino a la infraestructura técnica y administrativa que sobrevive a los ciclos políticos. Este ‘Estado profundo’ es lo que realmente hace que las islas funcionen mientras los políticos debaten.
La burocracia que no duerme
Mientras los partidos discuten en el Parlamento sobre el coste de la vida o la seguridad, la Dirección General de la Función Pública está ejecutando resoluciones firmadas en vísperas de Navidad para estabilizar a cientos de trabajadores (mantenimiento, guardas, técnicos). Este es el verdadero motor: el cuerpo de funcionarios y técnicos que garantiza que los servicios básicos sigan operando sin importar quién esté en la presidencia.
El cerebro académico-administrativo
El hecho de que la ULPGC y la ULL estén blindando protocolos con empresas públicas como Gesplan para crear ciudades resilientes o formar expertos en IA turística es un movimiento de «Estado profundo». Se está diseñando la inteligencia del archipiélago a 10 o 15 años vista, mediante planes de estudio y convenios de investigación que tienen mucha más permanencia que una legislatura de cuatro años.
La inteligencia aplicada al turismo y el territorio
Lo más relevante en términos de calado estratégico es la oficialización del plan de estudios del Máster Universitario en Turismo: Digitalización, Innovación e Inteligencia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No es una simple titulación académica; es la respuesta institucional para dotar al sector motor de las islas de una capa de inteligencia de datos, alineándose con las directrices de competitividad que emanan de Bruselas. En paralelo, la empresa pública Gesplan ha sellado una alianza con la Universidad de La Laguna a través de la cátedra «Ciudades Resilientes». Este protocolo busca transformar la gestión del territorio y la protección civil en una ciencia exacta, elevando la resiliencia urbana a una prioridad de Estado tras las lecciones aprendidas en los últimos años.
El laberinto judicial de La Palma y la estabilización del personal
Una de las notas más curiosas y persistentes es el goteo judicial que sigue generando la erupción de 2021. La Viceconsejería de recuperación de La Palma ha tenido que remitir al Tribunal Superior de Justicia el expediente de un nuevo recurso contencioso-administrativo contra la orden de ayudas directas de finales de 2024. Esto demuestra que la cicatriz económica del volcán no solo sigue abierta, sino que se está librando en los despachos de abogados. Mientras tanto, en las tripas de la administración, la Dirección General de la Función Pública ha dado un golpe de autoridad para estabilizar el empleo, desbloqueando contratos de personal de mantenimiento y vigilancia , y designando tribunales para una decena de escalas técnicas que van desde la Ingeniería de Minas hasta la Psicología y las Ciencias del Mar.
Movilidad para los pequeños municipios y el deporte interinsular
En el ámbito de la movilidad, el Ejecutivo ha resuelto definitivamente las subvenciones para los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) destinadas a ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes. Es la capilaridad de la Agenda Verde europea llegando a los rincones más rurales de las islas. Además, para garantizar que la fragmentación del territorio no sea una barrera, se han liberado los fondos destinados a sufragar los gastos de desplazamientos deportivos. Es un detalle administrativo, pero vital para la cohesión social: en Canarias, el transporte no es un lujo, sino el tejido conectivo que permite que la competición y la actividad física no se detengan ante el coste de los billetes entre islas.
