
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hizo este martes un llamamiento expreso a los grupos parlamentarios para “estar a la altura” y respaldar las medidas incluidas en el denominado Decreto Canarias, advirtiendo de que cualquier error o dejación de responsabilidades tendrá consecuencias directas para la ciudadanía. En el Pleno del Parlamento autonómico, Clavijo defendió que el decreto no busca “colgarse ninguna medalla”, sino dar respuesta, desde la unidad política, a un momento histórico complejo marcado por tensiones económicas, territoriales y geopolíticas.
El jefe del Ejecutivo insistió en que el decreto es fruto del trabajo conjunto de las fuerzas políticas y de una relación “leal” con el Estado, especialmente tras reconocer el propio presidente Pedro Sánchez, en agosto de 2025, las dificultades para cumplir los compromisos adquiridos con Canarias debido a la fragilidad parlamentaria en el Congreso. “Si fuimos capaces de unirnos para la reconstrucción de La Palma, ¿por qué no hacerlo ahora para blindar los derechos de los canarios?”, se preguntó Clavijo, subrayando que incluso avances parciales en la negociación con el Gobierno central supondrían beneficios tangibles para el Archipiélago.
El diputado Casimiro Curbelo (ASG) puso el foco en la triple insularidad que padecen las islas verdes, especialmente en materia de conectividad aérea. Clavijo respaldó su planteamiento y recordó que la declaración de interés general de la ruta entre La Palma y El Hierro fue abordada en la comisión mixta con el Ministerio de Transportes en diciembre de 2025, sin una respuesta receptiva. Precisamente por ello, explicó, esta reivindicación fue incorporada al Decreto Canarias como una cuestión de equidad territorial y sostenibilidad.
El debate sobre financiación autonómica sirvió a Clavijo para cargar contra el PSOE por utilizar este asunto como “arma electoral” o “globo sonda”, especialmente en procesos como las elecciones en Aragón. El presidente denunció la ausencia de una propuesta técnica y formal por parte del Ministerio de Hacienda y alertó de la “frivolización” de los recursos públicos. Desde el PP, Juan Manuel García Casañas coincidió en el diagnóstico y calificó de “vergonzoso” que el modelo se negocie solo con Cataluña, acusando además al ministro Ángel Víctor Torres de no defender los intereses canarios.
Luis Campos (NC) cuestionó duramente la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, alertando de que Canarias podría verse obligada a devolver más de 500 millones de euros. Clavijo reconoció la complejidad del proceso, aunque defendió que en 2025 se ejecutaron 275 millones y responsabilizó al Gobierno de España de una gestión centralizada que hace que los fondos lleguen “tarde y mal”. El presidente contrapuso estas críticas con la aprobación de tres presupuestos autonómicos y un incremento sostenido del gasto social.
El portavoz socialista, Sebastián Franquis, acusó a Clavijo de actuar desde el populismo y le instó a ejercer plenamente las competencias autonómicas en lugar de recurrir al Decreto Canarias. El presidente rechazó esa tesis y defendió que el decreto no sustituye al autogobierno, sino que exige el cumplimiento de la agenda canaria pactada para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye financiación para La Palma, vivienda, políticas sociales, fiscalidad y energía.
El diputado Nicasio Galván (Vox) centró su intervención en la política energética y criticó duramente la conexión eléctrica entre islas, que calificó de unir “dos sistemas deficientes”. Clavijo replicó defendiendo que la situación energética del Archipiélago es “infinitamente mejor” que antes, gracias al desbloqueo de concursos históricos y a inversiones como el cable submarino con La Gomera. Vox, por su parte, alertó de los riesgos de apagones y del impacto sobre el suministro de agua, acusando al Gobierno de “fanatismo climático”.














