Tener un estibador al frente del brazo armado de la sanidad canaria, desde la óptica logística y de gestión de flujos, puede leerse como un intento de trasladar la lógica portuaria —basada en la eficiencia operativa, la rotación y la coordinación de recursos limitados— al mayor sistema logístico público del archipiélago: la sanidad.
El Servicio Canario de la Salud es, en esencia, una red de flujos continuos: pacientes que entran y salen, materiales que deben llegar a tiempo, camas que se liberan, ambulancias que rotan, quirófanos que deben sincronizarse. Su funcionamiento se asemeja a una terminal portuaria, donde cada retraso en un punto de la cadena tiene efecto dominó en todo el sistema. Un estibador veterano —formado en la cultura de la coordinación milimétrica y la gestión del tiempo— puede aportar una mirada de ‘cadena logística’ más que de burocracia médica. Y eso es lo que ha ocurrido.
Era previsible que colocar a un exdirigente sindical de la derecha estibadora (defienden un esquema laboral heredado del franquismo) al frente del Servicio Canario de Salud iba a generar noticias. Nueva Canarias (NC) ha exigido el pasado fin de semana el cese inmediato del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, y estudia emprender acciones legales por la supuesta revelación de información médica del diputado Yone Caraballo durante una comisión parlamentaria.
El incidente, ocurrido el viernes en el Parlamento regional, ha encendido las alarmas sobre la gestión de datos sensibles por parte de responsables públicos. Según denunció el secretario general de NC, Luis Campos, Goya habría respondido a una crítica de Caraballo sobre las listas de espera sanitarias refiriéndose a una baja médica que el diputado —enfermero de profesión— habría solicitado durante la pandemia.
Campos calificó la situación de “aberrante” e “inédita”, advirtiendo de que la divulgación de información sanitaria de un parlamentario “podría ser constitutiva de delito”. El líder de NC subrayó que el director del SCS “no contestó con datos ni argumentos, sino con ataques personales” y consideró que su actuación “inhabilita” para seguir al frente de la sanidad pública canaria.
El partido ha exigido que Goya dimita o sea cesado por la consejera de Sanidad y el presidente regional, Fernando Clavijo, en un plazo de 24 horas, advirtiendo de que, si no se actúa, considerarán al Gobierno canario “cómplice” de una práctica que califican de “matonismo político”. El episodio, que llega en un contexto de tensión creciente por las listas de espera y la presión sobre el sistema sanitario de las islas, podría tener derivadas legales y políticas más amplias. En el ámbito europeo, el caso también pone a prueba los estándares de confidencialidad y protección de datos personales exigidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
