La última rendición de cuentas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca confirma la tendencia que los técnicos ya daban por descontada: el cuarto trimestre de 2025 ha servido para liquidar 895.649 euros mediante el cómodo mecanismo de la adjudicación directa. Para un lobby que busque señales de eficiencia competitiva, los datos son decepcionantes; para quienes entienden el funcionamiento de la paz social en el archipiélago, son una obra maestra de la atomización. El ticket promedio de 31.987 euros por entidad delata una estrategia de goteo presupuestario donde el capital no se concentra para transformar, sino que se reparte para sostener estructuras de gobernanza tradicionales.
Tenerife se erige una vez más como el epicentro del dominio presupuestario, absorbiendo 300.749 euros, un tercio del total. La hegemonía de la isla picuda se fundamenta en su hiper-fragmentación vitivinícola: mientras Abona (66.549 euros) y Tacoronte-Acentejo (53.300 euros) reciben oxígeno financiero para sus gastos corrientes, el sector apenas muestra señales de consolidación estructural. Es un modelo de «mantenimiento» que premia la existencia del organismo sobre el rendimiento de la hectárea.
En las islas orientales y La Palma, el dinero público sigue una lógica de especialización casi quirúrgica. Mientras Lanzarote se aferra a sus 64.300 euros para el vino, Fuerteventura y La Palma demuestran que su verdadera moneda política es el ganado caprino y el queso, con partidas que suman más de 219.000 euros entre ambas. Esta distribución geográfica del subsidio nominativo permite al Ejecutivo regional mantener una interlocución fluida con los cabildos, evitando el conflicto mediante una asignación que parece responder más a equilibrios territoriales que a criterios de retorno de inversión.
El escepticismo aflora al observar el uso de las universidades y federaciones como receptores de este flujo final de año. Los 45.000 euros para la Cátedra de Agroturismo en la ULL y los 40.000 euros para la Federación de Cofradías de Pescadores parecen partidas diseñadas para «cerrar el ejercicio» sin dejar remanentes. El mensaje es claro: el sector primario canario no es un mercado abierto a la competencia por fondos, sino un club cerrado donde la supervivencia depende de estar incluido en el anexo de subvenciones nominadas de la Ley de Presupuestos.
