La transición energética europea libra en el Atlántico medio una batalla silenciosa que casi nadie nombra con precisión, la de la escala. Mientras Bruselas exige a España instalar más de 160 GW de potencia renovable antes de 2030, Lanzarote ha decidido acotar el territorio útil al 3,75% mediante un protocolo que fija las llamadas zonas de aceleración, una frontera técnica que los promotores interpretarán, con razón, como una declaración de intenciones restrictiva.
La contradicción salta a la vista cuando se superpone el reciente Real Decreto Ley 7/2026, que amplía el perímetro del autoconsumo compartido hasta los cinco kilómetros y abre la puerta a comunidades energéticas de densidad considerable, sobre un marco insular que lleva décadas administrando la saturación paisajística como un bien jurídico en sí mismo.
Lo que para el Estado es ambición descarbonizadora, para los cabildos es amenaza de vertebración territorial. En esa fricción se esconde un problema clásico de seguridad jurídica: los desarrolladores que firmen acuerdos al amparo del decreto estatal podrían encontrarse, meses después, con una zonificación insular que neutralice sobre el plano lo que el BOE había habilitado sobre el papel. La infraestructura de evacuación eléctrica, obsoleta en dos tercios de la red insular canaria según los últimos informes de Red Eléctrica, añade una capa más de complejidad, pues cada megavatio incorporado sin refuerzo de subestaciones es un megavatio vertido al suelo.
En los próximos trimestres, el choque entre el centralismo energético y la cautela territorial se resolverá probablemente en los tribunales, no en las mesas de concertación, y el contribuyente insular asumirá el coste de oportunidad de unas renovables atrapadas entre el limbo administrativo y el fetichismo paisajístico. La paradoja final es elegante en su crudeza, pues una región que importa más del 97% de su energía primaria se permite el lujo de legislar como si la autarquía fuese una opción realista.
