El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ha desatado una ofensiva institucional en las Islas Canarias sin precedentes y eso que a las islas prácticamente ni le afectan porque los productos de ese mercado como carne o frutas exóticas están ya muy controlados. Tras concluir las negociaciones en diciembre de 2025, el pacto prevé la liberalización del 91% de las importaciones de Mercosur y el 92% de las de la UE. Para el Parlamento de Canarias, esta apertura es una «estocada final» y una «traición» que sacrifica la producción de alimentos en beneficio de sectores industriales como el automovilístico o el farmacéutico, con nula presencia en las islas.
La preocupación se traduce en cifras de mercado que revelan una asimetría alarmante. La UE liberalizará el 82% de las importaciones agroalimentarias del bloque sudamericano , lo que pone en riesgo directo a sectores sensibles como la carne de vacuno, aves, porcino y miel. En Canarias, donde el reducido tamaño de las explotaciones hace físicamente imposible competir con las grandes superficies de Argentina o Brasil, la entrada de productos con menores costes de producción se califica ya de «competencia desleal».
El espejismo de las ayudas: ¿quién cobra realmente?
Sin embargo, la preocupación es doble debido a una realidad documentada pero poco aireada: la ineficiencia en el reparto de las ayudas. Aunque el programa POSEI se presenta como el escudo del campo, una parte masiva de sus fondos no llega directamente a los productores. En la práctica, el Régimen Específico de Abastecimiento (REA) -diseñado para abaratar la importación de insumos- suele beneficiar más a los grandes importadores e industriales que a los ganaderos, quienes ven cómo el grueso de la subvención se queda en la cadena logística mientras ellos asumen todo el riesgo del mercado.
Esta desconexión financiera alimenta el pesimismo del sector. Mientras las grandes industrias de transformación cobran con puntualidad para «contener precios», los agricultores directos se enfrentan a una burocracia asfixiante y a retrasos en los pagos compensatorios. Para el ganadero que espera el abono por cabeza de ganado o el agricultor que lucha contra la sequía, el acuerdo de Mercosur no es solo una amenaza externa, sino el golpe de gracia a un sistema de ayudas que perciben como diseñado para mantener la estructura comercial y no la producción nativa.
El análisis: el eterno perdedor del tablero atlántico
En este complejo reparto de cartas, los agricultores y ganaderos canarios emergen nuevamente como los damnificados sistémicos. Para el campo isleño, la noticia de Mercosur es el último eslabón de una cadena de agravios: encarecimiento de insumos, burocracia verde y una competencia de terceros países que no cumple las mismas normas («cláusulas espejo»). En el imaginario del sector primario de las islas, parece no haber nunca una «buena noticia» que no venga acompañada de una letra pequeña que erosione su ya precaria rentabilidad.
La última línea de defensa se encuentra ahora en los tribunales. El 21 de enero de 2026, el Consejo Europeo elevó el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para examinar su adecuación a los Tratados, quedando su efectividad suspendida temporalmente. Esta paralización es vista como una oportunidad vital para que el Parlamento de Canarias presione por la revisión o anulación de un pacto que consideran una falta de lealtad hacia el modelo de vida rural del archipiélago.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
