En El Caletón, un núcleo costero de La Matanza de Acentejo (Tenerife), la sensación de abandono se ha instalado entre sus residentes. Años de reclamaciones por el mal estado de la vía de acceso, la acumulación de residuos y el deterioro del frente litoral han ido erosionando la confianza en las administraciones, mientras la comunidad improvisa servicios básicos que deberían ser públicos.
Los habitantes del barrio describen una carretera que sufre derrumbes y que presenta un pavimento degradado por la acción del tiempo y del mar. Aunque la vía figura como de titularidad privada, los vecinos aseguran que los propietarios no se oponen a una intervención municipal; no obstante, el Ayuntamiento limita su actuación ante la ausencia de una clasificación urbana definitiva y la espera de informes y planes superiores.
En el centro del conflicto está el encaje entre la **seguridad de los residentes**, la conservación del entorno costero y la responsabilidad administrativa. El territorio se encuentra en una franja de **dominio público marítimo-terrestre** incluida en un Plan Especial del Paisaje, documento que contempla medidas de recuperación litoral y, en algunos sectores, la demolición de inmuebles para recuperar la franja costera. Esa superposición de competencias —municipio, Cabildo y direcciones técnicas— ha convertido la reparación de infraestructuras en un trámite largo para quienes viven allí.
La limpieza es otro eje del malestar. La recogida de basura en El Caletón se realiza con poca frecuencia y falta la red de contenedores de recogida selectiva; solo existen depósitos de materia orgánica. Esto obliga a muchos a transportar residuos a otros puntos del municipio o a organizarse entre vecinos para mantener las calles. La situación se agrava en verano, cuando segundas residencias y visitantes aumentan la presión sobre servicios ya limitados.
Tras episodios meteorológicos recientes, varios postes de iluminación quedaron inclinados, generando riesgo eléctrico y de incendio. Los residentes han tenido que recurrir a avisos a emergencias para evitar desgracias, una medida que ilustra la tensión entre la exigencia de servicios y la realidad cotidiana.
Desde la perspectiva libertaria que domina en parte del vecindario, la solución pasa por priorizar la **responsabilidad local**, la cooperación directa entre propietarios y administración, y procedimientos menos burocráticos que permitan intervenciones puntuales y acordadas. Los vecinos apelan a la defensa de sus derechos de propiedad y a la autonomía para gestionar mejoras, sin que la titularidad privada sea un escudo frente a la seguridad pública.
El concejal responsable ha señalado que existen actuaciones adjudicadas y que algunas mejoras en paseos y taludes se han ejecutado, pero remarca que la condición de urbano depende de planes superiores. Los residentes, por su parte, piden pasos concretos: actuaciones de acceso, barandillas para personas mayores, frecuencia de limpieza adecuada y evaluación urgente de riesgos eléctricos.
Mientras tanto, El Caletón funciona como una comunidad que combina escasez de servicios con altos niveles de compromiso vecinal. Pintan escaleras, recogen basura y organizan turnos para mantener el entorno. Reclaman no caridad, sino el cumplimiento de derechos básicos: acceso seguro, limpieza y una gestión que permita conciliar la protección del paisaje con la vida cotidiana de quienes llaman a ese lugar su hogar.
La discusión que plantea este caso es más amplia: ¿cómo armonizar la protección ambiental costera con la seguridad y el bienestar de los residentes? ¿Qué modelo de actuación pública favorece la eficiencia sin sacrificar libertades locales? En El Caletón, la respuesta parece exigir menos excusas administrativas y más acuerdos prácticos entre vecinos, propietarios y administraciones.
