La corrupción suele ser ese elefante en la habitación del que todos hablan pero pocos se atreven a señalar con nombres y apellidos. Para intentar romper ese muro de silencio, el Gobierno de Canarias dispone de una herramienta que promete cambiar las reglas del juego: un buzón de denuncias oficial. Se trata de un sistema diseñado para que cualquier persona, especialmente los empleados públicos que ven cosas raras en su día a día, pueda dar la voz de alarma sin miedo a represalias.
El corazón de este plan es una plataforma tecnológica llamada SIINF@GOBCAN. Aunque el nombre suena a clave burocrática, su función es sencilla: servir de puente seguro para denunciar infracciones. La clave aquí es la protección del denunciante. Gracias a una ley de 2023, la administración está obligada a garantizar que quien informe sobre un posible caso de corrupción no sufra consecuencias en su puesto de trabajo. Es, básicamente, un blindaje para los que deciden no mirar hacia otro lado.
Lo más curioso de este sistema es que no se limita a un frío formulario en una página web. El documento oficial aclara que, si el asunto es grave o el denunciante prefiere el contacto humano, se puede solicitar una reunión presencial. Esto significa que un funcionario puede pedir una cita para contarle a un responsable delegado, cara a cara, qué está pasando en su departamento. Además, se mantiene la opción del correo postal de toda la vida para quienes no se fían de dejar rastro digital.
Un detalle que llama la atención es que el Gobierno no lo está haciendo todo por su cuenta. Han contratado a una consultoría externa para que les ayude a diseñar su «Estrategia de Integridad». Parece que han preferido que ojos de fuera analicen cómo funcionan los procedimientos internos para marcar dónde están las líneas rojas. Este grupo de trabajo externo es el que está redactando las normas éticas que, a partir de ahora, deberían regir en cada oficina de la administración autonómica.
Pero el plan no solo va de poner un buzón y esperar a que alguien denuncie. El Gobierno ha admitido que necesita formar a su gente. Por eso, han diseñado un plan de formación obligatorio que no solo va dirigido a los administrativos, sino también a los altos cargos y directivos. La idea es que los que mandan sean los primeros en saber qué es legal, qué es ético y qué es, directamente, corrupción.
