El sector del aloe vera en Canarias se ha topado con un muro burocrático en su intento por lograr un sello de distinción oficial. La Comisión Europea ha emitido un dictamen desfavorable al uso de una marca de garantía vinculada al territorio insular. Según detalla el Gobierno de Canarias en una reciente respuesta parlamentaria, Bruselas entiende que, si las propiedades del aloe se deben a su origen geográfico, el camino no es una marca genérica, sino la solicitud formal de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) o una Denominación de Origen Protegida (DOP).
Este dictamen supone un cambio de planes para la estrategia de promoción del sector. La Comisión Europea mantiene una postura firme contra las marcas de garantía que asocien territorio y producto agroalimentario de forma laxa, obligando a los productores a someterse a los estrictos controles y reglamentos que rigen las figuras de calidad europeas.
El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha aclarado que, aunque su compromiso es asesorar en la formalización de estas solicitudes, la ley es taxativa: la administración no puede crear la marca por sí sola. Según el Reglamento, la solicitud de inscripción de una indicación geográfica solo puede ser presentada por una agrupación de productores.
Es decir, el sector del aloe vera debe organizarse en una asociación -independientemente de su forma jurídica- para proponer el nombre y el pliego de condiciones en el registro europeo. Hasta la fecha, el Gobierno confirma que no se ha concretado ninguna solicitud formal en este sentido, lo que mantiene al producto en un limbo administrativo a pesar de su prestigio y sus reconocidas propiedades terapéuticas y cosméticas.
El aloe vera producido en las islas es uno de los cultivos con mayor capacidad de diversificación para la economía canaria, pero su falta de protección geográfica lo deja vulnerable frente a la competencia de productos elaborados en otros países que utilizan el reclamo de Canarias de forma engañosa.
La vía que marca Bruselas es más exigente y lenta, pero también ofrece un blindaje legal mucho mayor a nivel internacional. Si los productores logran unificarse bajo una IGP, el aloe vera canario entraría en el selecto grupo de productos protegidos, garantizando al consumidor que cada bote o planta cumple con los estándares de cultivo y transformación que solo el clima y el suelo del archipiélago pueden ofrecer.
