La luz de los fluorescentes en la Consejería de Hacienda tiene esa misma cualidad aséptica y terminal que se encuentra en las salas de cuidados paliativos o en las oficinas de liquidación de activos. Mirar el saldo de 444,4 millones de euros de exceso de gasto es, en esencia, observar el electrocardiograma de un organismo que ha decidido que la realidad es un estorbo para su supervivencia biográfica.
En Canarias, la aritmética ha dejado de ser una ciencia exacta para convertirse en una forma de literatura fantástica donde el gasto crece al 7,6% mientras el límite biológico se sitúa en el 2,6%. No hay épica en el desvío, solo la inercia de una estructura burocrática que consume recursos con la misma desafección con la que un servidor procesa datos inútiles. El Gobierno regional firma presupuestos expansivos mientras la AIReF emite informes que nadie lee con la atención necesaria, confirmando que la estabilidad presupuestaria es hoy una categoría metafísica, un residuo del siglo XX en un archipiélago que ha aprendido a vivir en el impago crónico de sus propias promesas matemáticas.
La contradicción es aritméticamente evidente puesto que el presupuesto para 2026 registra un incremento del 7%, superando ampliamente el techo de gasto del 3,5% autorizado por el marco fiscal. Bajo este escenario, el Ejecutivo regional aprueba un desembolso adicional de 813,2 millones de euros, a pesar de estar legalmente vinculado a un ajuste de 444,4 millones de euros.
Mientras la consejera de Hacienda, Matilde Asián, defiende la prudencia de unas cuentas diseñadas a «gasto real», la oposición parlamentaria subraya la insostenibilidad de un incremento que, en la práctica, colisionará frontalmente con las exigencias de disciplina fiscal. La deuda pública, proyectada en el 10,4% del PIB, se mantiene dentro de los umbrales autorizados, pero la recurrencia en el incumplimiento de la regla de gasto —con 3 ejercicios consecutivos bajo la lupa— sitúa la desviación presupuestaria en una trayectoria de difícil corrección hasta 2028.
La coyuntura actual, marcada por la inestabilidad en Oriente Próximo y su impacto en el coste energético, ha forzado al Gobierno canario a elevar una petición de exención ante las autoridades nacionales. Solicitar la suspensión de la disciplina fiscal cuando los niveles de ejecución ya han superado los límites permitidos constituye, desde la óptica de la ortodoxia presupuestaria, un intento de convalidar retrospectivamente una práctica de gasto expansivo.
La gran incógnita radica en la sostenibilidad a largo plazo de un Estado del bienestar insular financiado mediante unos ingresos que no logran cubrir las actuales partidas de gasto público. Este dilema, cuya magnitud se refleja en un presupuesto total de 12.491,4 millones de euros, sugiere que el debate ya no versa sobre el ajuste de una partida concreta, sino sobre la viabilidad misma del actual modelo de financiación autonómica frente a la rigidez del marco europeo.
