
La respuesta del Gobierno de Canarias al Parlamento sobre el grado de cumplimiento del Plan de Infraestructuras Sanitarias parece solvente a primera vista: un 86 % de ejecución a cierre de 2025. Un dato redondo, tranquilizador y aparentemente incontestable. Sin embargo, basta rascar un poco para comprobar que estamos ante una respuesta más pensada para cumplir expediente que para rendir cuentas sobre una de las políticas públicas más sensibles del Archipiélago.
Lo primero que llama la atención es la pobreza informativa del texto. A una pregunta concreta se responde con un único porcentaje agregado, sin referencias a hospitales, centros de salud, islas o actuaciones específicas. No hay nombres propios ni cronogramas, ni siquiera una mínima contextualización del estado real de las obras. En términos parlamentarios, es una respuesta válida; en términos democráticos, es claramente insuficiente.
Ejecución presupuestaria no es cumplimiento sanitario
El famoso 86 % no mide infraestructuras acabadas ni servicios en funcionamiento, sino obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos. Es decir, ejecución contable. Un indicador útil para Hacienda, pero profundamente limitado para evaluar si el Plan de Infraestructuras Sanitarias cumple su finalidad: mejorar la atención sanitaria real. Confundir gasto comprometido con objetivos alcanzados es una maniobra tan habitual como engañosa. Se trata de un plan plagado de proyectos plurianuales, donde los porcentajes elevados pueden esconder retrasos crónicos, obras atascadas o actuaciones que consumen presupuesto sin avanzar al ritmo previsto. Sin desglose por proyectos, ese 86 % puede significar casi cualquier cosa… o nada.
La respuesta evita cuidadosamente cualquier elemento que permita contrastar el relato oficial con la realidad sobre el terreno. No hay comparación entre lo planificado y lo ejecutado, ni mención a desviaciones, sobrecostes o reprogramaciones. El silencio, en este caso, no es neutral: protege al Ejecutivo del escrutinio político y desplaza el debate del terreno sanitario al meramente administrativo.
La coletilla defensiva de siempre
El cierre del texto recurre al comodín clásico: “muchos de los proyectos son de carácter plurianual”. Una frase diseñada para justificar retrasos presentes y prevenir críticas futuras. Pero que un proyecto sea plurianual no exime al Gobierno de explicar qué debía estar ya hecho y no lo está. La planificación a varios años exige más transparencia, no menos.
En definitiva, estamos ante una respuesta construida para el acta parlamentaria, no para la ciudadanía. Una respuesta que reduce la política sanitaria a una cifra y sustituye la rendición de cuentas por contabilidad creativa. Porque en sanidad, como en política, cuando no se detallan los hechos, el porcentaje no informa: distrae.















