La sesión parlamentaria de este martes ha dejado un titular dialéctico impropio de la cortesía institucional habitual. El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP regional, Manuel Domínguez (PP), ha recurrido al término «godo» para descalificar las recetas económicas del Estado frente a la crisis derivada del conflicto en Irán, marcando una distancia identitaria frente a la oposición socialista.
El choque: «Ingenio» frente a «Decretos godos»
La chispa saltó durante la pregunta de Nira Fierro Díaz (PSOE), quien interrogó al Ejecutivo sobre las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán para las islas. La diputada socialista puso el foco en la vulnerabilidad de la población canaria, recordando que 560.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza y exigiendo «un poco más de ingenio» al Gobierno regional. Fierro defendió que el PSOE «está con los vulnerables» y reclamó medidas contundentes sobre la cesta de la compra y los márgenes empresariales para aliviar la presión sobre las familias.
La respuesta de Manuel Domínguez (PP) fue tajante y cargada de simbolismo nacionalista. El vicepresidente argumentó que el archipiélago no puede limitarse a copiar fórmulas diseñadas en Madrid que ignoran la especificidad insular: «Dependemos de lo que sucede en el mundo (…) y el decreto godo… y todos sabemos a lo que nos referimos de manera coloquial», sentenció Domínguez.
ASG
Con esta expresión, el líder de los populares canarios buscó desacreditar el plan anticrisis de Moncloa como algo ajeno y desconectado de la realidad canaria, asegurando que su gabinete está tomando medidas propias para proteger el poder adquisitivo de la gente en las islas.
Previamente, la sesión contó con la intervención de Casimiro Curbelo Curbelo (ASG), quien puso sobre la mesa el espinoso asunto de la financiación autonómica. El líder de socialderechista gomero cuestionó si, dada la actual fragmentación y tensión en la política nacional, será posible afrontar un cambio de modelo que sea «justo y multilateral». Curbelo insistió en que las garantías para Canarias no pueden quedar supeditadas a los intereses de las comunidades de régimen común, reclamando un trato que respete la singularidad del archipiélago más allá de las disputas entre los grandes bloques estatales.
