jueves, 12 de noviembre, de 2026
Opinión

La dimisión como ritual

Firma Javier Moreno

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Óscar Puente ha dimitido. El ministro de Transportes abandona su cargo después de dos tragedias ferroviarias que han dejado más de un centenar de muertos en menos de un año. Se consuma así uno de los rituales más arraigados de nuestra cultura política: cuando ocurre una catástrofe, alguien debe marcharse. La dimisión se interpreta como un acto de responsabilidad, una reparación moral y una demostración de que las instituciones funcionan. El problema es que también puede servir para todo lo contrario: para que nada esencial cambie.

Existe una semejanza inquietante entre este mecanismo y los antiguos sacrificios expiatorios. Las sociedades necesitaban identificar una víctima sobre la que descargar sus culpas colectivas, restaurar simbólicamente el orden y recuperar la tranquilidad. El sacrificio no eliminaba las causas de los males que pretendía conjurar, pero proporcionaba una explicación emocionalmente satisfactoria. Algo parecido sucede cuando la dimisión de un ministro se convierte en la respuesta principal a una catástrofe.

El responsable político desaparece de escena. La indignación encuentra un destinatario. Los adversarios celebran su caída, las instituciones proclaman que se han asumido responsabilidades y la sociedad recibe la satisfacción de que alguien ha pagado por lo ocurrido. El sacrificio se ha consumado. Podemos regresar a nuestras ocupaciones con la tranquilizadora impresión de que el problema ha sido resuelto.

Pero los raíles siguen donde estaban.

La responsabilidad tiene historia

Una infraestructura ferroviaria no se deteriora de un día para otro. Tampoco una carretera, una presa, una red de abastecimiento de agua o un hospital. Su funcionamiento depende de decisiones que se prolongan durante décadas: inversiones realizadas o aplazadas, mantenimiento preventivo, renovación tecnológica, dimensionamiento de las plantillas, formación de los trabajadores, protocolos de seguridad y capacidad de supervisión.

Cada una de esas decisiones tiene responsables. Sin embargo, rara vez coinciden todos ellos en una misma legislatura, en un mismo gobierno o siquiera en un mismo partido político.

Los presupuestos se suceden, los ministros cambian, las prioridades se modifican y las inversiones se anuncian una y otra vez. Lo que una administración pospone puede ser heredado por la siguiente, que a su vez encuentra razones para volver a aplazarlo. Así se construyen responsabilidades acumulativas que resultan extraordinariamente difíciles de identificar cuando finalmente se produce una catástrofe.

Eso no significa que todos los accidentes sean consecuencia inevitable de décadas de abandono, ni que los fallos concretos de seguridad puedan explicarse sin una investigación técnica rigurosa. Significa algo distinto: que las condiciones en las que trabajan las personas y funcionan las infraestructuras son el resultado de una historia institucional que no puede reducirse al nombre de quien ocupa un ministerio en el momento del accidente.

En el caso ferroviario, las advertencias sindicales sobre inversiones, plantillas, condiciones laborales y renovación de sistemas de seguridad merecen ser examinadas documentalmente, sin convertirlas de antemano en una explicación definitiva de lo sucedido. Lo verdaderamente importante es reconstruir esa secuencia de decisiones, determinar sus consecuencias y averiguar quién pudo actuar, cuándo y con qué medios.

La dimisión de un ministro no responde por sí sola a ninguna de esas preguntas.

La comodidad del culpable individual

La personalización de las responsabilidades tiene una ventaja política evidente: simplifica lo complejo. Es mucho más fácil explicar una tragedia mediante el nombre de un ministro, un director o un trabajador que reconstruir veinte años de decisiones presupuestarias, administrativas y organizativas.

Además, permite delimitar el conflicto dentro de las fronteras de la política partidista. Quienes hoy gobiernan deben defender su gestión; quienes están en la oposición exigen dimisiones. Si mañana intercambian sus posiciones, también pueden intercambiar sus argumentos. La lógica del enfrentamiento permanece intacta porque ninguno de los contendientes necesita cuestionar seriamente las reglas del juego.

El sistema encuentra así una manera de protegerse mediante la sustitución de las personas que lo representan.

Hay una diferencia fundamental entre exigir responsabilidades políticas y convertir la dimisión en un sustituto de la investigación. La primera exigencia es legítima y necesaria. Un ministro responde políticamente por la gestión del departamento que dirige, incluso cuando no ha intervenido personalmente en las decisiones que condujeron a un accidente. Pero esa responsabilidad no excluye las anteriores, ni puede absorberlas todas.

La renuncia puede ser un acto de dignidad. También puede ser un gesto insuficiente. Ambas afirmaciones son perfectamente compatibles.

Lo que resulta difícilmente aceptable es que la salida de quien ocupa circunstancialmente el cargo se convierta en el punto final de una investigación sobre responsabilidades que necesariamente debe mirar mucho más atrás.

El sacrificio que permite continuar

La dimensión ritual de la dimisión se aprecia mejor en lo que sucede después. Se nombra a un nuevo responsable, se anuncian medidas extraordinarias, se prometen inversiones y se asegura que se revisarán los procedimientos. Con frecuencia, la atención pública se desplaza hacia otros asuntos antes de que pueda comprobarse si esos compromisos se han cumplido.

La continuidad institucional, indispensable en cualquier democracia, adquiere entonces un significado ambiguo: se garantiza el funcionamiento de las administraciones, pero también pueden perpetuarse las prácticas que deberían ser revisadas.

No basta con sustituir a quien dirige una organización si permanecen intactos sus mecanismos de decisión, sus prioridades presupuestarias, sus deficiencias de supervisión y los incentivos que permiten posponer inversiones necesarias sin asumir consecuencias políticas inmediatas.

El problema alcanza mucho más allá del ferrocarril. También en Canarias conocemos la importancia de las infraestructuras cuya conservación y modernización dependen de decisiones sostenidas durante años: carreteras, redes hidráulicas, instalaciones sanitarias o servicios públicos esenciales. Su evaluación no debería comenzar cuando una avería, una interrupción del servicio o una tragedia las convierte en noticia. Debería formar parte de un control democrático permanente.

Porque existe una responsabilidad política que casi nunca tiene rostro: la de permitir que los problemas se acumulen mientras todavía no producen consecuencias suficientemente graves como para ocupar los titulares.

Es una responsabilidad especialmente cómoda. No genera fotografías dramáticas, no provoca grandes comparecencias y raramente exige dimisiones. Sus efectos se distribuyen a lo largo del tiempo, entre distintos gobiernos, administraciones y responsables públicos. Cuando finalmente se manifiestan, siempre existe alguien que acaba de llegar, alguien que ya se ha marchado y alguien a quien atribuir el último error.

¿Y si tuviera que dimitir el sistema?

La cuestión no es si Óscar Puente debía dimitir. Su renuncia puede considerarse una forma legítima de asumir responsabilidad política. La cuestión es por qué nuestra conversación pública parece necesitar una dimisión para dar por satisfecha una exigencia de responsabilidad que debería ser mucho más ambiciosa.

Una investigación verdaderamente esclarecedora no debería limitarse a identificar el fallo inmediato ni a establecer quién estaba al mando cuando se produjo. Tendría que reconstruir las decisiones que condicionaron la seguridad de la infraestructura, los recursos disponibles, las advertencias recibidas, las actuaciones aplazadas y las responsabilidades correspondientes a cada etapa.

Y después debería traducir sus conclusiones en obligaciones verificables, presupuestos suficientes, calendarios exigibles, mecanismos independientes de supervisión y controles públicos sobre su cumplimiento.

Solo así la responsabilidad dejaría de ser una ceremonia para convertirse en una transformación efectiva de las condiciones que permiten que las tragedias se produzcan.

En los antiguos rituales de expiación, el sacrificio servía para restablecer un orden que se consideraba amenazado. Nuestra política parece haber perfeccionado ese mecanismo: sacrifica periódicamente a uno de sus representantes para preservar un orden que rara vez se somete a examen.

Óscar Puente ya ha dimitido. Las preguntas importantes permanecen.

Porque, si las responsabilidades se acumulan durante décadas, atraviesan gobiernos de distintos colores y sobreviven a quienes ocupan los cargos, quizá no sea suficiente con pedir la dimisión del último responsable.

Quizá lo que debería dimitir es el sistema.


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