Los empresarios reclaman soluciones para cubiertas, muelles de carga, pavimentos y accesos. La sociedad pública ha adjudicado una auditoría técnica por 32.990 euros, sin impuestos, y su gerencia anuncia más de cinco millones en inversiones durante 2026.
Las instalaciones de Mercalaspalmas vuelven a estar bajo escrutinio por las deficiencias que denuncian los empresarios mayoristas. El principal centro de distribución alimentaria de Gran Canaria acumula reclamaciones por el deterioro de sus infraestructuras, mientras la empresa pública responsable de su gestión sostiene que está ejecutando un programa de modernización con inversiones superiores a cinco millones de euros durante 2026.
La controversia enfrenta dos diagnósticos sobre una instalación fundamental para el abastecimiento insular. La Asociación de Empresarios de Mercalaspalmas (Asemerca) denuncia problemas de seguridad, falta de mantenimiento y ausencia de respuestas suficientes. La gerencia, por su parte, asegura que ha puesto en marcha actuaciones destinadas a renovar las redes de abastecimiento, las cubiertas y los sistemas de vigilancia.
La existencia de obras contratadas no demuestra que las deficiencias hayan quedado resueltas. Pero tampoco permite sostener que la empresa pública permanezca completamente inactiva. La cuestión es comprobar qué inversiones están ejecutadas, cuáles continúan pendientes y cuándo mejorarán las condiciones de trabajo de los operadores.
Goteras, muelles deteriorados y riesgos laborales
El presidente de Asemerca, Juan Armando Rodríguez, lleva meses denunciando el estado de unas instalaciones que comenzaron a funcionar en 1981.
Entre los problemas señalados por la asociación figuran filtraciones de agua en las cubiertas, pavimentos deteriorados, falta de marquesinas en determinadas naves, deficiencias en los muelles de carga y descarga y problemas de accesibilidad.
Los empresarios también denuncian insuficiencias en la iluminación, los sistemas de vigilancia y los servicios comunes.
Una de las situaciones más graves comunicadas por la asociación corresponde a un accidente laboral ocurrido en febrero de 2025, cuando una trabajadora sufrió una caída sobre un pavimento mojado. Según Asemerca, las consecuencias del accidente han provocado una baja prolongada y secuelas importantes.
La relación entre las deficiencias denunciadas y las responsabilidades que pudieran derivarse del accidente debe establecerse mediante los correspondientes informes técnicos y laborales.
Una auditoría adjudicada por 32.990 euros
La contratación pública permite comprobar que Mercalaspalmas ha comenzado a adoptar medidas para evaluar el estado del complejo.
El Consejo de Administración adjudicó el 22 de julio de 2026 a CIAS COM 2001, S. L. un contrato de auditoría técnica y elaboración de un Plan Director de Instalaciones e Infraestructuras.
La adjudicación ascendió a 32.990 euros sin impuestos, frente a un presupuesto base de 49.240 euros.
El trabajo debe examinar edificios, estructuras, cubiertas, pavimentos, muelles de carga, accesos, redes hidráulicas, cámaras frigoríficas y otros elementos del recinto.
No se limita a identificar desperfectos. El contrato también exige valorar las reparaciones necesarias, cuantificar su coste, establecer prioridades y elaborar una planificación de las actuaciones.
Esta adjudicación resulta relevante porque Asemerca llevaba tiempo reclamando precisamente una auditoría externa e independiente.
La cuestión pendiente es conocer cuándo estará disponible el informe, si se facilitará a los empresarios y qué compromisos asumirá la sociedad pública a partir de sus conclusiones.
Más de cinco millones anunciados para 2026
La directora gerente de Mercalaspalmas, Mónica Suárez Rojas, aseguró en una entrevista publicada el pasado 7 de octubre que la empresa afronta este año una inversión superior a cinco millones de euros.
Entre las prioridades identificó la renovación de la red hidráulica, la rehabilitación de cubiertas y la modernización del sistema de videovigilancia.
Los registros de contratación permiten identificar actuaciones concretas.
Entre ellas figuran contratos para renovar el abastecimiento de agua potable y separar las conducciones utilizadas para el consumo de las destinadas a la protección contra incendios.
También consta una actuación sobre la cubierta del complejo cárnico.
Sin embargo, para valorar el cumplimiento del programa de inversiones es necesario diferenciar los presupuestos anunciados, las licitaciones publicadas, los contratos formalizados y las obras efectivamente terminadas.
No son magnitudes equivalentes.
La transparencia sobre estas fases permitiría comprobar si las inversiones responden a las deficiencias que los mayoristas consideran prioritarias y si los trabajos se están desarrollando dentro de los plazos previstos.
Dos versiones enfrentadas sobre el diálogo
La relación entre la gerencia y los empresarios constituye otro de los puntos controvertidos.
Asemerca sostiene que lleva años trasladando reclamaciones sin obtener respuestas satisfactorias. En enero de 2026 presentó un escrito respaldado por empresarios del recinto y posteriormente reiteró su petición de una auditoría y una evaluación de la gestión.
La asociación considera insuficientes los mecanismos de comunicación y reclama participar en la planificación de las actuaciones.
Mónica Suárez Rojas ofrece una versión diferente.
En su entrevista de octubre aseguró que mantiene reuniones individuales con operadores y encuentros con la asociación cuando esta los solicita. También defendió la existencia de canales internos de información.
La discrepancia no puede resolverse únicamente con las declaraciones de ambas partes.
Sería necesario conocer las reuniones celebradas, los escritos recibidos, las respuestas remitidas y los acuerdos alcanzados sobre el mantenimiento del recinto.
El horizonte de 2031 añade incertidumbre
A las deficiencias de las instalaciones se suma otra preocupación empresarial: el vencimiento de las concesiones administrativas históricas en 2031.
Los operadores reclaman conocer con antelación las condiciones que se aplicarán a partir de esa fecha y el modelo jurídico y económico que regulará su permanencia.
La incertidumbre afecta especialmente a empresas que han desarrollado inversiones propias en oficinas, cámaras frigoríficas y equipamientos vinculados a su actividad.
La falta de información sobre las futuras condiciones puede dificultar las decisiones de inversión y renovación de negocios que dependen directamente del recinto.
Por ese motivo, la asociación reclama que el debate sobre la modernización no se limite a las obras y aborde también el futuro modelo de gestión.
Una infraestructura esencial para toda Gran Canaria
Mercalaspalmas no es únicamente un conjunto de naves comerciales. Desde sus instalaciones se articula una parte importante de la distribución mayorista de frutas, hortalizas, productos cárnicos y otros alimentos destinados al comercio, la restauración y los servicios de la isla.
El deterioro de los espacios de trabajo puede afectar a la seguridad laboral y a la eficiencia logística de las empresas que operan en el recinto.
Por ahora, las denuncias de los mayoristas no permiten concluir que exista un riesgo inmediato para el abastecimiento alimentario.
Sí justifican examinar cómo se mantiene una infraestructura pública que debe seguir funcionando mientras se ejecutan las obras.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la dirección de Mercalaspalmas tienen ante sí una obligación de transparencia: explicar el estado real de las instalaciones, publicar los resultados de la auditoría y detallar cuánto se ha invertido, en qué actuaciones y con qué resultados.
La empresa sostiene que 2026 representa el comienzo de una transformación profunda. Los mayoristas reclaman que esa transformación se traduzca en mejoras verificables.
La diferencia entre ambas posiciones podrá medirse con documentos, plazos y obras terminadas, no únicamente con anuncios de inversión.















