La gestión de los servicios sociales en el archipiélago ha derivado en un duro enfrentamiento en el Parlamento de Canarias, elevando el tono de la fiscalización sobre el Ejecutivo de Fernando Clavijo. La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Natalia Santana, ha denunciado este martes que la estrategia de Coalición Canaria en materia de dependencia está «disparando las muertes» de ciudadanos que fallecen antes de recibir la prestación a la que tienen derecho por ley.
El eje del conflicto reside en una contradicción técnica que el grupo nacionalista progresista califica de «tragedia». Aunque la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, defiende una reducción de los plazos administrativos -situando la espera media en 340 días frente a los 500 registrados en 2021-, Santana sostiene que esta agilidad burocrática es un «espejismo» que no se traduce en atención real.
«Menos días de espera administrativa, pero más muertes. Esto está muy lejos de ser un éxito de gestión», afeó Santana a la consejera. Los datos presentados por la oposición son demoledores: en 2025 fallecieron más de 2.200 personas esperando una resolución efectiva, una cifra significativamente superior a los 1.537 decesos registrados en 2021, en plena fase de postpandemia.
Desde la bancada de NC-BC se acusa a la Consejería de recurrir a un «maquillaje estadístico» para transformar una realidad que la diputada considera incuestionable. El punto de mira está puesto en el decreto impulsado el pasado mes de abril, tildado por Santana como el «decreto del terror». Según la parlamentaria, esta normativa -rechazada por diversos colegios profesionales- solo sirve para «sacar expedientes de una lista para ponerlos en otra», generando un engaño sobre el papel que no soluciona la falta de recursos en la calle.
Para la oposición, reconocer derechos que no se hacen efectivos es «hacer trampa». Santana argumentó que reducir los plazos «sobre el papel» sin garantizar la plaza residencial o la ayuda económica es una estrategia de comunicación política que solo beneficia la imagen del presidente Clavijo y de la propia consejera Delgado, pero que «no borra a quienes murieron esperando».
