El Parlamento de Canarias ha puesto sobre la mesa un debate que trasciende la política cotidiana: el envejecimiento poblacional y su impacto sobre la sostenibilidad económica y sanitaria del Archipiélago. La cámara regional se enfrenta a una presión creciente para articular políticas que combinen natalidad, migración y sostenibilidad de los servicios públicos.
Una población que envejece a ritmo acelerado
Según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la población mayor de 65 años representa actualmente el 22,4% del total del Archipiélago, frente al 18% registrado en 2015. Esta tendencia coloca a Canarias entre las comunidades autónomas españolas con mayor velocidad de envejecimiento. Para 2035, se estima que los mayores de 65 años superarán el 28% de la población, mientras que los menores de 15 años podrían caer por debajo del 14%.
Este cambio demográfico tendrá un efecto directo en la dependencia de los servicios sanitarios y sociales. Cada 100 personas en edad laboral podrían llegar a sostener a 45 mayores, frente a 30 en 2020, un aumento significativo de la ratio de dependencia.
Natalidad y migración: intentos de equilibrio
La baja natalidad complica la ecuación. En 2024, la tasa de fecundidad en Canarias se situó en 1,21 hijos por mujer, muy por debajo del umbral de reemplazo generacional de 2,1. Para contrarrestar este déficit, la región depende de la migración interna y externa: el saldo migratorio neto fue positivo en 6.800 personas en 2024, principalmente procedentes del resto de España y de países latinoamericanos.
El Parlamento debatió recientemente medidas para incentivar la natalidad, incluyendo programas de apoyo a familias jóvenes, bonificaciones fiscales y un proyecto piloto de “salario maternal” que cubriría hasta los 18 años de los hijos, con un coste estimado de 120 millones de euros anuales si se implementa en toda la población elegible de Gran Canaria y Tenerife.
Sistema sanitario bajo presión
El envejecimiento y la dependencia creciente de la población mayor implican un aumento exponencial del gasto sanitario. Actualmente, el 38% del presupuesto regional de Sanidad se destina a mayores de 65 años, y se proyecta que esta cifra podría superar el 45% en 2030 si no se adoptan medidas de prevención y eficiencia. La necesidad de camas hospitalarias, atención domiciliaria y cuidados de larga duración presiona los recursos y obliga a repensar la estrategia sanitaria.
Consecuencias económicas y sociales
El cambio demográfico tiene implicaciones fiscales y laborales. Una menor población activa podría reducir la recaudación por cotizaciones y aumentar la presión sobre pensiones y prestaciones sociales. Para el Gobierno regional, el desafío consiste en mantener la competitividad turística y económica mientras se asegura la solvencia de los sistemas de bienestar.
“Canarias enfrenta una bomba demográfica silenciosa”, advierte un especialista en economía regional. “Si no se articulan políticas integrales de natalidad, migración y sostenibilidad sanitaria, el sistema de bienestar puede colapsar antes de 2040”.
