El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CCa) ha puesto en el Pleno del Parlamento dos temas de máxima sensibilidad económica y social para el Archipiélago: el futuro a corto plazo del sector vitivinícola y la postura del Gobierno autonómico ante el Plan Nacional de Vivienda. Ambas preguntas, registradas el 24 de octubre por el diputado José Javier Pérez Llamas, exigen respuestas directas a dos Consejerías clave: Agricultura y Vivienda.
En el ámbito primario, el diputado Pérez Llamas ha interpelado al Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria sobre las «medidas de choque» que se prevén para el sector vitivinícola canario a partir del año 2026. Ambas preguntas reflejan la doble urgencia económica de Canarias: la necesidad de proteger sus sectores productivos singulares y la presión por resolver el acceso a la vivienda, un factor social que amenaza la cohesión y la estabilidad del mercado laboral local.
Para CC, el sector del vino, con sus diez Denominaciones de Origen (DO), representa un importante activo patrimonial, rural y de marca para Canarias. Las bodegas isleñas enfrentan desafíos estructurales únicos debido a la insularidad, los altos costes de producción y la competencia, por lo que la «medida de choque» es una referencia a la necesidad de implementar ayudas directas y planes de apoyo que garanticen su supervivencia y competitividad en un mercado global. El Gobierno deberá detallar si existen dotaciones presupuestarias específicas o planes de promoción comercial y modernización tecnológica previstos para el próximo ejercicio.
Simultáneamente, el mismo diputado dirige una pregunta al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pabo Rodríguez, solicitando la «valoración que hace del Plan Nacional de Vivienda». Esta interpelación se produce en un momento de crisis habitacional aguda en las islas, marcada por la escasez de oferta, la escalada de precios del alquiler y la presión de la vivienda vacacional. La postura del Gobierno de Canarias respecto al Plan estatal es vital, ya que define el grado de alineación, la gestión de los fondos y el uso de herramientas legales (como la declaración de zonas tensionadas o la movilización de suelo) que la legislación nacional pone a disposición de las comunidades. La respuesta del consejero aclarará si la Administración autonómica considera suficientes las dotaciones económicas y si las herramientas jurídicas del Plan son adecuadas para abordar la complejidad de la vivienda en el contexto RUP y fragmentado del Archipiélago.
