
La fragilidad del transporte interinsular, dependiente casi en su totalidad de la vía aérea, ha puesto en alerta al sector cultural de Canarias. El Grupo Parlamentario Socialista Canario ha elevado al Pleno una Proposición No de Ley (PNL) con fecha 22 de octubre de 2025 que busca transformar los instrumentos musicales, desde el simbólico timple hasta el violín de un profesional de orquesta, en bienes culturales sensibles con protección legal explícita.
Para el PSOE el reconocimiento legal de los instrumentos como «bienes sensibles» no solo protege a los músicos, sino que garantiza la sostenibilidad del ecosistema cultural (festivales, orquestas, conservatorios) que a menudo actúa como motor de la marca y la atracción turística cualificada de Canarias. Es un paso hacia la defensa de un capital inmaterial que requiere protección en el marco del mercado único europeo.
El debate, provocado por una reciente y polémica restricción de equipaje por parte de la aerolínea Binter (posteriormente rectificada), expone una falla estructural en la conectividad del Archipiélago, donde el avión es una necesidad básica y no una opción. Para el PSOE, esta iniciativa no es solo una defensa cultural, sino una exigencia de seguridad jurídica para el capital humano y patrimonial de un sector vital.
El meollo de la PNL se centra en la vulnerabilidad de los músicos profesionales, cuyos instrumentos son herramientas de trabajo y, a menudo, piezas de alto valor patrimonial y artesanal. Un daño o pérdida no es solo un coste, sino la interrupción de una actividad económica y la pérdida de patrimonio cultural.
La iniciativa, impulsada por la diputada Yaiza López Landi, busca superar la dependencia de las decisiones unilaterales de las aerolíneas. El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a tomar medidas estratégicas en cuatro frentes: Protocolos Estables, blindaje normativo regional y código de buenas prácticas
Lobby en Bruselas y Madrid
La medida pide instar al Gobierno de España y a la Unión Europea a adaptar la normativa aérea de transporte y las subvenciones a residentes, exigiendo que los instrumentos sean tratados como bienes culturales y de trabajo y se consideren las adaptaciones necesarias por el estatus de Región Ultraperiférica (RUP).














