Que Canarias reciba o no 200 millones de euros parece, a veces, depender más del titular que de la realidad. El diputado regional del PP, Fernando Enseñat, cargó este viernes contra el Gobierno central acusándolo de “racanear” esos fondos y advirtiendo a Coalición Canaria de que apoyar a Pedro Sánchez sería confiar en alguien “no de fiar”.
El problema, según Enseñat, afecta a partidas muy concretas: los 14 millones para el plan de empleo de La Palma, fondos para vivienda, parte del convenio de carreteras y los 30 millones del convenio de estrategia turística financiado con fondos europeos. A esto se suman los recientes anuncios de aprobación —y no pago— de otros 75 millones en planes contra la pobreza y de empleo, cuando el año ya está a punto de terminar. La pregunta que formula Enseñat es simple: si se aprueba ahora, ¿cómo se ejecutará antes de diciembre?
Hasta aquí, la preocupación es comprensible. Sin embargo, la crónica de este conflicto recuerda a otras veces en que la política presupuestaria en Canarias se convierte en un espectáculo de declaraciones y reproches. Acusar al Gobierno de retener fondos sin contextualizar los plazos administrativos y los trámites técnicos simplifica una realidad mucho más compleja: la transferencia de partidas estatales sigue rutas legales y contables que rara vez coinciden con el calendario político.
En realidad, hablar de “racanear” puede ser más estrategia retórica que reflejo de malicia. El PP apela al escándalo y al miedo a la pérdida de oportunidades, mientras que el Gobierno central suele defenderse recordando compromisos, resoluciones y procedimientos pendientes. Entre medias, los ciudadanos miran con escepticismo cómo los anuncios se suceden y los fondos reales tardan en llegar, a veces con meses de diferencia.
Enseñat también aprovechó para cuestionar la fiabilidad del PSOE y de Sánchez, una advertencia que, en política canaria, se oye desde hace años y que ha servido tanto para generar titulares como para pocas certezas concretas sobre la ejecución real de los proyectos. Canarias vuelve a ser terreno donde la política del anuncio y la realidad administrativa se cruzan con frecuencia, dejando a los observadores preguntándose si los 200 millones son un retraso, un titular o ambas cosas a la vez.
