El Ejecutivo regional ha dado un paso estratégico en materia de bienestar social con la aprobación del Decreto ley 2/2026. Esta norma modifica sustancialmente el régimen de dependencia en las islas, ajustando las cuantías de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y asistencia personal. Para los lobbies del sector sociosanitario, el punto clave reside en la modificación de la Ley 16/2019 de Servicios Sociales, que redefine el mapa de compatibilidades de las ayudas. Este movimiento busca flexibilizar el sistema en un momento de alta demanda, permitiendo que las prestaciones lleguen a más beneficiarios sin las rigideces administrativas previas.
En el ámbito de la fiscalización, el Parlamento de Canarias ha puesto el foco en la gestión de las instituciones académicas. Se han publicado los informes de fiscalización de la Audiencia de Cuentas correspondientes al ejercicio 2021 de la ULPGC y la ULL. Estos documentos son vitales para los sectores vinculados a la educación superior y la investigación, ya que revelan el grado de eficiencia en el gasto público y posibles áreas de mejora en la gestión financiera de las universidades canarias, marcando la hoja de ruta para futuras auditorías de cumplimiento.
El sector energético protagoniza el bloque de anuncios con movimientos significativos en Gran Canaria. La Dirección General de Calidad Ambiental ha modificado las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) de las centrales térmicas de Barranco de Tirajana y Jinámar, ambas titularidad de Endesa (Unión Eléctrica de Canarias). Paralelamente, se abre el periodo de información pública para tres proyectos de hibridación con sistemas de almacenamiento (BESS) de 2MW en las plantas fotovoltaicas de Aldea Blanca. Estos proyectos señalan una apuesta clara por la estabilidad de la red mediante baterías, una oportunidad crítica para empresas de tecnología energética y almacenamiento.
La administración local y el sector servicios encuentran novedades en la Consejería de Hacienda, que refuerza su estructura de Patrimonio y Contratación con la convocatoria de nuevas jefaturas de servicio para el diseño de programas funcionales y gestión presupuestaria. Asimismo, el Ayuntamiento de Candelaria ha decidido ampliar los plazos de exposición pública de varios planes especiales, entre ellos el del Parque Periurbano de Pasacola y el PERI de La Jiménez. Este retraso administrativo es una ventana de oportunidad para que propietarios de suelo y promotores ajusten sus alegaciones en estos planes de reforma interior.
La tensión en el Parlamento de Canarias ha alcanzado su punto de ebullición no por un cruce de insultos, sino por algo mucho más árido y letal: la hoja de cálculo de Matilde Asián. La consejera de Hacienda ha aterrizado en el Debate de la Nacionalidad de 2026 con una honestidad que en política suele equivaler al suicidio, pero que en su caso parece una armadura de funcionaria de carrera. Admitir que perder 150 millones de euros del Maná europeo (MRR) sería un «éxito» no es solo una confesión de impotencia administrativa, es un torpedo a la línea de flotación de un Gobierno que fía su relato a la gestión eficiente.
Mientras Asián se desangra intentando cuadrar lo imposible, la patronal de Las Palmas ha ejecutado un movimiento de manual: ha ignorado a la guardiana de las llaves para abrazar al ejecutor. El comunicado de la CCE bendiciendo a Mariano Hernández Zapata no es un simple apoyo a la Transición Ecológica; es una enmienda a la totalidad a la rigidez de Hacienda. Los empresarios saben que el tiempo se agota el 31 de agosto de 2026 y han decidido que prefieren el pragmatismo de Zapata, que busca prórrogas y parches en Madrid, que la fría contabilidad de una consejera que ya da por perdido el 8,6% de los fondos.
Lo más elocuente del debate, sin embargo, no ha sido lo que se ha dicho, sino el silencio atronador de Coalición Canaria y el Partido Popular. Nadie ha salido a batirse el cobre por Asián. El motivo es un secreto a voces en los pasillos de Presidencia: la consejera se ha convertido en una isla dentro del archipiélago por su negativa a participar en el «asalto» a la AEAT. Su exigencia de que Canarias gestione el IRPF y Sociedades choca con su propio ADN de inspectora. Asián no quiere ser la responsable de desmantelar el Estado en las islas, y esa lealtad técnica la está dejando fuera de juego en un Ejecutivo que no quiere crisis antes de 2027, pero que ya le ha puesto fecha de caducidad.
La sombra de la pata negra fiscal ha terminado de enturbiar el ambiente. El desplante de Raquel Pelijero al Comisionado del REF la semana pasada ha sido el último síntoma de una administración rota por las costuras técnicas. Pelijero, de estirpe conservadora pero encumbrada por Nueva Canarias, representa ese cuerpo de élite que ahora mira con recelo cómo la política intenta moldear la fiscalidad a su antojo. El hecho de que se aireen los sueldos de los altos cargos, con Asián a la cabeza por su condición de técnica de la AEAT, es solo el «fuego amigo» necesario para desgastar a quien se atreve a decir que el Rey, o en este caso la ejecución de los fondos, va desnudo.
Los datos son tozudos: solo un 55% de los fondos materializados a falta de ocho meses para el cierre. La crítica de Nueva Canarias sobre el desmantelamiento de la gobernanza anterior y la denuncia del PSOE calificando la gestión de «insuficiente» dejan al Gobierno contra las cuerdas. Ni siquiera el optimismo estadístico de Melodie Mendoza, intentando vender una aceleración del 63% en el último año, logra tapar el agujero de los 150 millones. En Bruselas no se cuentan las intenciones, se cuentan los pagos certificados, y Canarias está ahora mismo en una carrera desesperada contra el reloj y contra sus propios demonios internos.
