La bonificación fiscal anunciada por el Gobierno central para los propietarios que alquilan sus viviendas ha sido presentada como una palanca para aliviar la tensión del mercado, pero en Canarias no suele funcionar nada igual que en el resto del Estado. De ahí la singularidad de la que siempre se habla. En un territorio donde el alquiler se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento de las familias, la medida es vista como un estímulo para los arrendadores que no garantiza, en la práctica, una reducción de las rentas que pagan los inquilinos.
La lógica de la bonificación se basa en premiar a quienes mantengan o ajusten los precios, pero el mercado canario parte de una anomalía estructural: una oferta limitada, una fuerte presión turística y una demanda creciente que permite que los precios sigan siendo altos incluso con incentivos fiscales. En este contexto, muchos propietarios pueden beneficiarse de la desgravación sin que exista una obligación real de trasladar ese beneficio al bolsillo de quienes alquilan.
El Parlamento de Canarias ya ha albergado debates que advierten que las políticas centradas solo en el lado de la oferta tienden a quedarse cortas cuando el problema es, sobre todo, de acceso y de capacidad de pago. Las intervenciones han subrayado que sin un refuerzo del parque público de vivienda y sin herramientas efectivas para contener precios, las bonificaciones fiscales corren el riesgo de convertirse en una ayuda indirecta al propietario más que en una solución para el inquilino.
Además, la realidad social de las islas añade un elemento de urgencia. La combinación de salarios bajos, empleo precario y un coste de vida elevado hace que el alquiler absorba una parte cada vez mayor de los ingresos familiares. Por eso, las organizaciones sociales y parte de la oposición política insisten en que cualquier medida eficaz debe tener como objetivo principal que los hogares puedan pagar su vivienda sin verse forzados a recortar en otros gastos esenciales.
En este escenario, la bonificación estatal puede ser un complemento, pero difícilmente una respuesta suficiente. La crisis habitacional en Canarias requiere políticas más directas y valientes, orientadas a garantizar alquileres realmente accesibles y a proteger el derecho a la vivienda frente a la lógica de un mercado que, por sí solo, ha demostrado ser incapaz de resolver el problema.
