Mientras en los despachos de Bruselas se debate sobre la regeneración democrática y la transparencia, en la isla de La Palma el lenguaje administrativo ha acuñado un término mucho más inquietante: el «reparo». Un reciente y demoledor informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), firmado por Pedro Pacheco el pasado 21 de noviembre de 2025 y remitido a finales de diciembre de este año al Parlamento de Canarias, ha levantado el velo sobre el ejercicio 2023 del Cabildo Insular. Lo que emerge de sus páginas no es una simple auditoría rutinaria, sino un catálogo de irregularidades que describe un escenario de descontrol financiero y una gestión que parece operar sistemáticamente al margen de la fiscalización técnica.
El punto más crítico de esta radiografía es lo que los forenses de la ACC consideran una «insumisión administrativa» sin precedentes. Durante el año 2023, la Presidencia y el Pleno del Cabildo ignoraron frontalmente las advertencias de los servicios de Intervención en hasta 50 ocasiones. Estos «reparos de ilegalidad» no detuvieron la maquinaria política; por el contrario, se adoptaron acuerdos omitiendo el trámite de fiscalización previa. En la práctica, esto supone que se ordenaron pagos millonarios sin que ningún técnico comprobara si el gasto se ajustaba a la legalidad vigente, basando la gestión en una política de hechos consumados donde el control interno es percibido como un obstáculo y no como una garantía.
¿El volcán como coartada?
Este desorden administrativo se proyecta con especial gravedad sobre la contratación pública, un área donde el informe detecta un «agujero» de 114 millones de euros. El Cabildo, que manejó un presupuesto liquidado de 240,6 millones, no remitió a la Audiencia la documentación completa de su actividad contractual, imposibilitando un control real sobre el destino del dinero público. De hecho, el 100% de los contratos analizados presentó deficiencias en la remisión de datos. Esta opacidad no se limita al Palacio Insular, sino que se extiende a sus entidades dependientes: desde los resultados negativos de la empresa pública Sodepal, hasta las graves deficiencias en el Consejo Insular de Aguas y la incertidumbre contable en la Escuela de Enfermería.
La conclusión de la Audiencia de Cuentas es, en términos técnicos, demoledora: es imposible confirmar que las cuentas anuales reflejen la «imagen fiel» del patrimonio de la isla. La debilidad de los controles es de tal magnitud que el informe señala un elevado riesgo de fraude o errores materiales no detectados. Incluso el saneado remanente de tesorería de 101,2 millones de euros, del que suele presumir la institución, queda bajo sospecha debido a la falta de conciliación contable. Con este expediente ya en el Parlamento de Canarias, el Cabildo se enfrenta a una tormenta política y legal que pone en entredicho la gestión de unos fondos que, ahora más que nunca, están bajo la lupa de la opinión pública y las instituciones de control.
Fuera de control
Sodepal arroja un resultado de explotación negativo de más de 235.000 euros, mientras que el Consejo Insular de Aguas, que gestiona un presupuesto de 23,6 millones, opera con graves deficiencias en la fiscalización de sus convenios. A esto se suma la situación de la Escuela de Enfermería, cuya contabilidad presenta una incertidumbre que la Audiencia califica de preocupante para la transparencia institucional.
La Audiencia de Cuentas concluye que no es posible garantizar que las cuentas anuales reflejen la realidad patrimonial de la isla. La debilidad de los controles internos no solo eleva el riesgo de fraude, sino que pone en duda incluso el remanente de tesorería de 101,2 millones de euros por falta de conciliación contable. Con este informe ya en manos del Parlamento de Canarias, el Cabildo se enfrenta a una crisis de legitimidad basada en un modelo de gestión de hechos consumados que prioriza el gasto sobre el cumplimiento de la ley.
Noticia escrita por José L. Jiménez. Editado y verificado por Gara H. Vega. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
