La nueva sacudida energética ha devuelto a Canarias a su verdad física. Mientras la Comisión Europea empuja medidas para recortar vuelos por motivos laborales en el marco de la crisis de combustibles, el archipiélago recuerda que su movilidad corporativa, sanitaria y educativa no tiene sustituto ferroviario ni atajo de carretera. El aviso no llega en abstracto. En marzo de 2026 el IPC español repuntó al 3,4 por ciento y en Canarias se situó en el 3 por ciento, con los combustibles y lubricantes entre los principales motores del alza. Al mismo tiempo, los aeropuertos canarios movieron 54,75 millones de pasajeros en 2025, de los que 22,3 millones viajaron en vuelos nacionales, y solo en enero y febrero de 2026 ya sumaban 9,1 millones de pasajeros. Pretender que un sistema así reduzca vuelos laborales como si se tratara de un corredor Bruselas París es confundir geografía con ideología.
El propio Gobierno canario ha prorrogado durante 2026 la bonificación extraordinaria al combustible en islas no capitalinas y en el segundo trimestre la mantiene en El Hierro, La Palma y La Gomera, con una ayuda de 20 céntimos por litro. Ese dato basta para entender el fondo del asunto: si hay que subvencionar carburante para corregir sobrecostes internos, cualquier restricción homogénea sobre movilidad aérea castigaría doblemente a una región ultraperiférica cuya productividad depende de puentes aéreos cotidianos. La transición energética necesita disciplina, sí, pero también cartografía. Cuando Bruselas prescribe menos vuelos laborales para todos, habla como si el mapa europeo terminara donde empieza el Atlántico.
