El presidente Fernando Clavijo aprovechó su reunión del 5 de mayo en Bruselas con el comisario Apostolos Tzitzikostas para solicitar que la futura Estrategia Europea de Turismo Sostenible, cuya presentación se ha retrasado hasta otoño de 2026 por las consecuencias de la guerra en Irán, incorpore líneas de acción específicas para las regiones ultraperiféricas (RUP). La petición concreta incluye la protección del territorio, la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental y, sobre todo, la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes en los territorios insulares, una medida que Canarias lleva meses reclamando ante la presión inmobiliaria que está expulsando a la población local del mercado de la vivienda. Según fuentes del Gobierno canario, Tzitzikostas se mostró receptivo a incluir el estatus RUP en el texto de la estrategia, aunque la Comisión Europea mantiene su rechazo frontal a las restricciones directas sobre la libre circulación de capitales.
La petición canaria encierra una contradicción que merece análisis. Canarias acaba de celebrar que el turismo supone el 37,7% de su PIB y exige al mismo tiempo que Europa le permita limitar una de las consecuencias naturales de ese modelo: que los turistas que llegan al archipiélago acaben comprando viviendas, elevando los precios y desplazando a la demanda local. La Comisión ya ha rechazado abiertamente la restricción a la compra de viviendas, aunque se muestra dispuesta a explorar medidas alternativas compatibles con el derecho comunitario y a garantizar la financiación de proyectos en curso por más de 200 millones de euros en las islas. Lo que Clavijo no explica es cómo un gobierno que rechaza las tasas europeas de emisiones por encarecer el transporte puede al mismo tiempo pedir barreras europeas al capital inmobiliario extranjero. En ambos casos se trata de intervención regulatoria comunitaria sobre flujos económicos; la diferencia es que una le perjudica y la otra le conviene. El retraso de la estrategia hasta otoño, provocado por la crisis de Irán, concede a Canarias meses adicionales de lobby, pero también evidencia que el turismo sostenible sigue siendo, en Bruselas, un documento que se aplaza cada vez que aparece un conflicto más urgente.
