El idilio del Gobierno central con la condonación de la deuda autonómica ha chocado con un muro técnico y político en las Islas Canarias. En una respuesta parlamentaria contundente dirigida al diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, el Ejecutivo canario ha puesto condiciones a su adhesión al plan estatal: no habrá firma si Madrid no elimina el tope del 50% de la deuda viva, una medida que Santa Cruz califica de ad personam por afectar, de forma casi exclusiva, al archipiélago.
Para el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, el proyecto de Ley Orgánica de sostenibilidad financiera no es una tabla de salvación, sino una «penalización a la virtud fiscal». El argumento es matemático: Canarias ha sido históricamente una de las comunidades menos endeudadas del Estado. Al fijar un límite máximo de condonación del 50% de la deuda viva a 31 de diciembre de 2023, el Estado «castiga» a quien menos ha gastado, convirtiendo la disciplina presupuestaria en un pésimo incentivo para la gobernanza del Estado Autonómico.
El trampantojo del REF: una compensación implícita
El punto más espinoso del documento es la acusación de que el Estado está utilizando la condonación de deuda para neutralizar por la puerta de atrás el Régimen Económico y Fiscal (REF). Aunque el proyecto de ley reconoce formalmente que los recursos del REF no deben computar para calcular la financiación (respetando su principio de adicionalidad), el Gobierno canario denuncia que el límite del 50% opera como una «compensación materialmente implícita».
Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, Canarias debería recibir una condonación de cerca de 5.000 millones de euros siguiendo los criterios generales. Sin embargo, el tope legal reduce esa cifra a 3.259 millones. «Este hecho conlleva una penalización de 1.709 millones de euros a esta comunidad autónoma con respecto al trato dado al resto», señala el texto. Para el Ejecutivo canario, esa cifra que se «pierde» coincide sospechosamente con lo que Canarias dejaría de percibir si el REF se computara como financiación ordinaria, lo que supondría un ataque directo al Estatuto de Autonomía.
Un mensaje a Madrid: «No somos como los demás»
La respuesta del Gobierno de Canarias es un ejercicio de soberanía fiscal. Al denunciar que se premia a las comunidades con mayor nivel de deuda (como Cataluña o la Comunidad Valenciana) sin considerar si su financiación previa era justa, Canarias se posiciona como el «alumno responsable» que se niega a pagar la fiesta ajena. El texto es claro: «Premiar a las CCAA con mayor deuda es un agravio comparativo» para quienes implementaron modificaciones normativas para evitar el déficit.
