El Parlamento de Canarias se ha convertido en el escenario de una nueva batalla por la narrativa del progreso. Mientras el bloque nacionalista se atrinchera en la defensa del sector primario frente a Mercosur, el Grupo Socialista, de la mano de la diputada Alicia Pérez Hernández, ha registrado una ambiciosa Proposición No de Ley (PNL) que busca sacudir los cimientos del sistema científico canario. La propuesta no se limita a la celebración institucional del 11 de febrero, sino que exige una intervención estructural para frenar lo que los expertos denominan la «tubería que gotea»: la pérdida masiva de talento femenino en el paso del doctorado a las etapas postdoctorales.
El núcleo de la iniciativa radica en una fiscalización sin precedentes de los fondos públicos. El PSOE insta al Gobierno regional a implementar diagnósticos actualizados y, lo más punzante, a establecer indicadores desagregados por género en todas las evaluaciones de I+D+i. La propuesta es clara: no se puede modernizar la economía de las islas si los comités de evaluación siguen operando bajo sesgos invisibles. Con esto, se busca que las interrupciones en la carrera investigadora -frecuentemente asociadas a la maternidad y los cuidados- dejen de ser una «penalización indirecta» que expulse a las mujeres de la carrera hacia el liderazgo científico.
Uno de los puntos más controvertidos para la autonomía institucional es la exigencia de que cualquier foro o congreso financiado con dinero público garantice la presencia de mujeres expertas como referentes. Esta medida busca combatir el «efecto Matilde» -la invisibilización histórica de los hallazgos femeninos- y obligar a las universidades y centros de investigación a romper la inercia de los paneles exclusivamente masculinos. Es un mensaje directo a la ULL y la ULPGC: la excelencia ya no se entiende sin diversidad, y la financiación pública empezará a estar condicionada a este equilibrio.
Desde un prisma estratégico, esta PNL redefine la igualdad como una cuestión de «supervivencia económica». El texto argumenta que la transición ecológica y digital de Canarias, pilares de la Agenda Canaria 2030, fracasará si el sistema sigue desperdiciando el potencial de sus investigadoras en áreas STEM. Al situar la ciencia como una herramienta clave para la diversificación del modelo productivo -el eterno talón de Aquiles de las islas-, el PSOE eleva el debate de la justicia social al de la eficiencia macroeconómica, obligando al Ejecutivo de Coalición Canaria y PP a posicionarse sobre qué modelo de competitividad quieren para el archipiélago.
Sin embargo, el riesgo de que esta propuesta se convierta en otro «brindis al sol» legislativo es elevado. Sin una dotación presupuestaria específica en las cuentas de 2026 para sufragar estos diagnósticos y redes de cooperación, la iniciativa podría quedar relegada a la vasta colección de declaraciones simbólicas del Parlamento. El desafío para los socialistas será lograr que estos diez puntos se traduzcan en leyes vinculantes que obliguen al Gobierno a rendir cuentas, transformando la piedra del hall parlamentario en un verdadero motor de cambio para las científicas que hoy, ante la falta de apoyo, siguen mirando hacia el exterior para consolidar sus carreras.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
