La crisis del crucero MV Hondius ha abierto una de las mayores tensiones políticas e institucionales de los últimos años entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central. El presidente canario, Fernando Clavijo, elevó el tono hasta un nivel inédito al advertir de que Canarias no autorizaría el fondeo del buque en Tenerife si el Estado no garantizaba la salida inmediata de todos los pasajeros durante la jornada del domingo.
La amenaza colocó durante horas a Coalición Canaria frente al aparato del Estado en una crisis sanitaria internacional marcada por el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero holandés. El choque acabó evidenciando los límites reales del margen autonómico sobre una operación coordinada por Sanidad Exterior, Interior, Capitanía Marítima y organismos internacionales.
Clavijo aseguró haber dado instrucciones a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para impedir el fondeo del barco mientras no existiera un operativo cerrado que evitara que parte del pasaje permaneciera en la isla más allá del domingo. El detonante fue el retraso de dos vuelos previstos para evacuar a los pasajeros.
El presidente canario sostuvo que el Gobierno español rechazó varias propuestas planteadas por el Ejecutivo autonómico para acelerar la salida de entre 20 y 25 viajeros pendientes de repatriación. Entre ellas figuraba utilizar plazas vacías de un avión militar español con capacidad para 210 personas y ocupado únicamente por 14 pasajeros.
“¿Dónde está el protocolo que dice que en un avión de 210 personas en lugar de 14 no puedan ir 30?”, lanzó Clavijo ante los periodistas tras una tarde de reuniones con los ministerios de Sanidad, Interior y Política Territorial.
La escena dejó una imagen política poco habitual. Canarias intentaba imponer condiciones operativas al Estado en plena gestión de una alerta sanitaria internacional. El Gobierno autonómico argumentó que había aceptado colaborar desde el primer momento, pero únicamente bajo una condición: que toda la operación de desembarque y evacuación se resolviera en unas doce horas para minimizar riesgos sanitarios y tensión social en Tenerife.
El Ejecutivo canario consideró que Madrid alteró unilateralmente ese esquema al asumir que parte de los pasajeros tendría que permanecer más tiempo en la isla por los retrasos logísticos. Ahí se produjo la ruptura política.
Clavijo endureció el mensaje con una declaración publicada en redes sociales que marcó distancia con el Gobierno central. “Canarias no autorizará mañana el fondeo del crucero MV Hondius. Colaboración, sí. Solidaridad, también. Pero no a cualquier precio. No sin informes, no con imposiciones del Estado y no poniendo en peligro la seguridad sanitaria de los canarios”, afirmó.
La presión institucional aumentó todavía más cuando el presidente autonómico reveló una conversación telefónica con el rey Felipe VI. Según explicó, el monarca se interesó personalmente por el operativo sanitario y logístico previsto para la llegada del buque a Tenerife.
“Agradezco enormemente su preocupación y cercanía siempre con nuestra tierra”, señaló Clavijo tras la llamada de la Casa Real.
El Hondius se ha convertido en el centro de una crisis con derivadas políticas, sanitarias y diplomáticas. El crucero transporta pasajeros que recorrieron algunas de las zonas más remotas del planeta, incluida la Península Antártica, Georgia del Sur y Tristan da Cunha. A bordo se detectó un brote vinculado al hantavirus de los Andes, una variante extremadamente rara capaz de transmitirse entre humanos.
Las autoridades sanitarias internacionales mantienen seguimiento sobre el caso desde la muerte de tres pasajeros y la aparición de varios contagios sospechosos. Países como Singapur han aislado ya a ciudadanos que estuvieron en contacto con viajeros del crucero.
En Canarias el caso ha generado una creciente alarma pública desde que se conoció que el barco tendría que detenerse en Tenerife para evacuar pasajeros y tripulación. El debate dejó de ser exclusivamente sanitario hace días. Ahora gira también alrededor del control político de los puertos y de los límites reales del poder autonómico frente al Estado.
La figura del presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, añadió un elemento decisivo a la crisis. El dirigente del PP tinerfeño había advertido previamente de que la decisión final sobre el atraque dependía de la Autoridad Portuaria y de los informes técnicos. Sus palabras abrieron el debate sobre un posible “derecho de veto” portuario en situaciones extraordinarias.
La amenaza de bloqueo lanzada este sábado por Clavijo elevó esa interpretación al máximo nivel político. También dejó expuesta la fragilidad del equilibrio entre CC y el Gobierno central en una gestión que afecta directamente a la seguridad sanitaria, al turismo y a la imagen internacional de Canarias.
El pulso terminó mostrando que la última capacidad operativa sigue en manos del Estado. Pero también confirmó que Coalición Canaria está dispuesta a convertir el Hondius en un conflicto político de primer nivel si considera que Madrid impone decisiones sin asumir el coste territorial de la crisis.
Lo de ser colonia, nunca se refirió a un perfume.