El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este martes, con el voto mayoritario de los grupos políticos —solo Vox votó en contra—, una proposición no de ley impulsada por el PSOE para expresar su rechazo a la filtración del borrador del dictamen de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19.
Sin embargo, la aparente unanimidad en la condena a la filtración se transformó en un cruce de acusaciones entre los partidos, que evidenció las grietas políticas abiertas en torno al denominado caso mascarillas. Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Herreña Independiente (AHI) aprovecharon el debate para acusar al PSOE de “reventar” la comisión y manipular el relato para proteger al expresidente Ángel Víctor Torres, mientras que los socialistas defendieron que la filtración “daña el prestigio” del Parlamento y vulnera el principio de sigilo parlamentario.
El socialista Sebastián Franquis, defensor de la iniciativa, sostuvo que la publicación del borrador no fue un acto inocente, sino que tuvo como fin “hacer daño a personas concretas”, en referencia a Torres. “Hay límites en el juego político; no todo vale para hacer daño”, afirmó, en alusión velada a la estrategia del actual bloque de gobierno regional —CC y PP—, a quienes acusó de “construir un relato que no tiene que ver con la realidad”.
El presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI), respondió que comparte la preocupación por el sigilo, pero negó sentirse aludido: “La comisión está haciendo su trabajo con rigor. Tengo la sensación de que al PSOE no le molesta tanto la filtración como el contenido del dictamen”, declaró, advirtiendo que no se dejará convertir en un “McCarthy bimbache en busca de chivos expiatorios”.
La diputada nacionalista Socorro Beato fue aún más dura y calificó la proposición del PSOE como una “tapadera para deslegitimar” la investigación y “proteger” a Torres “a costa del prestigio del Parlamento”. En la misma línea, el popular Fernando Enseñat habló de “una cortina de humo para tapar lo ocurrido con la compra de material sanitario” y el “inminente informe de la UCO sobre el expresidente”.
Por su parte, la diputada de Vox, Paula Jover, fue la única en votar en contra del texto, asegurando que el PSOE “no tiene legitimidad para hablar de rigor ni prestigio institucional” y calificando la comisión como “un espacio de postureo y dietas”. Desde Nueva Canarias, Esther González lamentó la práctica “habitual” de las filtraciones en la vida institucional, pero recalcó que este documento en particular “es parcial y tendencioso, con juicios de valor que no deberían haberse difundido”.
Jesús Ramos (ASG) apeló a la prudencia: “Las deliberaciones deben ser herméticas hasta el final, para no crear falsos juicios de valor en la ciudadanía”. El episodio vuelve a poner sobre la mesa un viejo dilema de la política canaria: la tensión entre la transparencia y el uso estratégico de la información confidencial en los procesos parlamentarios. En un momento en que la confianza en las instituciones regionales se ve erosionada por los casos judiciales vinculados a la gestión de la pandemia, la votación en el Parlamento de Canarias refleja la dificultad de separar la defensa del prestigio institucional del cálculo político.
