En el Parlamento de Canarias, el presidente de la Audiencia de Cuentas, Tomás Pacheco, lanzó este lunes un mensaje que combinó realismo fiscal con una dosis de escepticismo: reducir el número de municipios en las islas, aunque financieramente deseable, parece una quimera. Según el último informe del Ministerio de Hacienda sobre gasto corriente per cápita (2024), 34 municipios canarios tienen menos de 5.000 habitantes, lo que los hace financieramente insostenibles sin transferencias del Estado. Una racionalización podría recortar las 88 entidades locales actuales a unas 35, ahorrando unos 65 millones de euros anuales y reduciendo un 20% la estructura política local, manteniendo la representación insular. Sin embargo, Pacheco recordó que en zonas de Castilla y León, con municipios sin habitantes, ni siquiera allí se ha logrado una refundición efectiva.
El presidente de la Audiencia planteó, con un elegante dejo de ironía administrativa, que retener fondos a las corporaciones locales hasta que actualicen su contabilidad “no significa que se pierdan, quedan retenidas”, subrayando que esta medida es “la más suave” y, a su juicio, “la más conveniente”. Entre estas declaraciones, se coló un análisis implícito sobre la delicada tensión entre eficiencia y tradición local: Canarias, archipiélago con municipios minúsculos y dispersos, enfrenta un reto estructural que pocos legisladores se atreven a abordar de manera frontal.
Gran Canaria ilustra bien este dilema: Valsequillo, Vega de San Mateo y Tejeda podrían integrarse en una mancomunidad de medianías, compartiendo urbanismo, residuos y agua. Agaete, Artenara y La Aldea de San Nicolás, dispersos y con estructuras duplicadas, serían candidatos ideales para una racionalización. Incluso Ingenio y Agüimes, ya funcionando de facto como un bloque metropolitano, mostrarían cómo la burocracia local puede reformarse, al menos sobre el papel.
En Tenerife, municipios del noroeste como El Tanque, Los Silos y Garachico podrían fusionarse, mientras Vilaflor y Arico presentan un caso similar. Tegueste y La Laguna, que ya conforman una conurbación, demostrarían que la integración administrativa no siempre requiere perder identidad. La Palma, Lanzarote y Fuerteventura ofrecen escenarios parecidos, con municipios de muy baja densidad, como Garafía o Betancuria, cuya viabilidad financiera depende de fusiones o acuerdos de gestión compartida. En La Gomera y El Hierro, la colaboración ya existe de facto, pero formalizarla podría generar ahorro y eficiencia.
El informe de la Audiencia de Cuentas abordó además la fiscalización de diversas entidades locales y cabildos insulares. Se revisaron los controles internos de ayuntamientos como Santa Úrsula, Santa Cruz de La Palma, Tuineje o San Bartolomé, así como los cabildos de Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, ejercicios 2021. También se identificaron entidades que no remitieron información sobre control interno, políticas de igualdad, zonas de bajas emisiones o seguimiento de recomendaciones anteriores, con periodos de análisis que van de 2020 a 2025.
En suma, Canarias se enfrenta a un dilema de manual: las cifras muestran la necesidad de refundir y racionalizar municipios, pero la tradición, la geografía y la política local actúan como frenos naturales. Entre retenciones de fondos y recomendaciones de eficiencia, los expertos observan desde la distancia con una sonrisa diplomática: los ahorros son posibles, pero los consensos para alcanzarlos parecen tan esquivos como las propias medianías de la isla.
