La tasa de temporalidad en el empleo público de Canarias se sitúa en el 36%, solo superada por el País Vasco en el ranking nacional de precariedad administrativa, una cifra que convierte a más de un tercio de los trabajadores de la Administración autonómica en mano de obra desechable que encadena contratos semanales o mensuales, especialmente en sanidad y educación, donde el Servicio Canario de Salud acumula más de 15.000 estatutarios sin plaza fija. La respuesta del Gobierno ha sido legislar: primero el Decreto-ley 7/2024 de julio, aprobado como solución normativa urgente y extraordinaria, y después la Ley 2/2025 de 26 de junio, cuyo título completo ocupa tres líneas del BOE e incluye, en un ejercicio de omnibus legislativo difícil de justificar, disposiciones sobre protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas. La ley impone la obligación de iniciar el anteproyecto de Ley de Empleo Público de Canarias en un plazo máximo de seis meses, lo que significa que la norma que debería resolver el problema delega en otra norma futura la tarea de resolverlo.
El proceso de estabilización iniciado en 2022 ha ofertado más de 12.000 plazas, pero la ejecución avanza a un ritmo que no compensa la generación de nueva temporalidad, un fenómeno que los sindicatos atribuyen a la incapacidad crónica de la Dirección General de Función Pública para convocar, examinar y resolver oposiciones en plazos razonables. La ley deroga parcialmente el Decreto 74/2010 de listas de empleo para la Administración General, sustituyéndolo por un nuevo sistema cuya regulación detallada aún no se ha publicado. Canarias necesita una administración que funcione, no una legislación que prometa funcionar. Pero la tradición autonómica consiste en tratar cada problema estructural con una nueva norma que anuncia la elaboración de otra nueva norma, en una cadena de producción legislativa cuyo principal output no son funcionarios con plaza, sino boletines oficiales.















