Canarias cerró 2025 con una cifra que sitúa la región por encima del promedio estatal en solicitudes de ayuda para morir. Según los datos presentados por el Ministerio de Sanidad en la jornada «Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos», la comunidad registró 2,66 peticiones por cada 100.000 habitantes. La media nacional se situó en 2,61, de modo que el dato canario queda ligeramente por encima.
El balance, de carácter provisional, apunta a una tendencia de demanda sostenida desde la entrada en vigor de la ley. En España, durante 2025 recibieron la prestación de ayuda para morir 565 personas, lo que equivale a un 0,13% de los fallecimientos registrados en el país, es decir, una de cada 750 muertes. Desde que la norma está vigente, hace cinco años, 1.668 personas han ejercido este derecho.
En total, en el conjunto del Estado se contabilizaron 3.716 solicitudes de ayuda para morir, de las cuales 1.284 se registraron en 2025. Esta diferencia entre solicitudes y prestaciones es relevante para comprender el proceso: no todas las solicitudes concluyen en una prestación efectiva y, además, el desenlace puede variar en función de criterios clínicos, informes y decisiones posteriores.
Diferencias entre lo que se solicita y lo que finalmente se presta
Los datos del Ministerio subrayan que la distribución de causas cambia cuando se pasa de la solicitud inicial a la prestación efectiva. Si bien las patologías oncológicas concentraron el mayor número de solicitudes iniciales (con el 37%), las enfermedades neurológicas se convirtieron en la causa principal en las prestaciones efectivas, con un 46%.
En 2025, dentro del total de solicitudes (1.284), las patologías neurológicas representaron el 31%, detrás de las oncológicas. Sin embargo, en las prestaciones realizadas esta proporción se invierte: las neurológicas ascienden al 46%, mientras que las oncológicas se sitúan alrededor del 30%. En términos periodísticos, la lectura es clara: el itinerario legal y clínico que acompaña a cada solicitud puede transformar el perfil final de los casos en los que efectivamente se ejecuta la prestación.
Qué ocurre tras la solicitud: aceptación, denegación y fallecimiento durante el trámite
El balance también detalla el desenlace de los procesos. En 2025 finalizaron 1.187 procesos relativos a la prestación, aludiendo a solicitudes cuyo desenlace se produjo durante el año, independientemente de cuándo se iniciaron. De ese total, 565 concluyeron con la realización de la prestación, lo que supone el 47,7%.
De quienes recibieron la prestación en 2025, el 83,9% tenía más de 60 años. En cuanto al lugar, el 51% se realizó en hospital, el 35% en el domicilio y el 14% restante en centros sociosanitarios. El Ministerio precisa, además, que en el 98% de los casos la prestación fue administrada por un equipo sanitario.
En una parte significativa de los procesos no llegó a ejecutarse la prestación porque la persona solicitante falleció durante la tramitación. Fueron 374 procesos (el 31,5%), con un 61% asociado a patologías oncológicas. La mayoría de estos fallecimientos, 277, ocurrieron antes de la emisión del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días.
En los otros 97 fallecimientos, el informe favorable ya había sido emitido y la persona podía acordar o aplazar la fecha de realización, pero falleció antes de que se llevara a cabo. En ese grupo, el tiempo medio desde la solicitud fue de 104,9 días y la mediana de 69 días.
También hubo 157 denegaciones (el 13,2% de los procesos finalizados), la mayoría al inicio del procedimiento por parte del médico responsable (77%). Finalmente, 91 procesos terminaron por revocación (el 8%).
Cataluña lidera las tasas y Canarias se mantiene por encima de la media
En la distribución territorial, Cataluña registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes de ayuda para morir: 6,14 por cada 100.000 habitantes. Por detrás se situaron Navarra (5,41) y el País Vasco (5,13). También por encima de la media estatal figuran La Rioja (3,67), Baleares (3,12), Cantabria (3,03) y Asturias (2,96). Canarias, con 2,66, se ubica en ese bloque superior, aunque sin alcanzar las cifras de las comunidades con mayor demanda.
La diferencia territorial reaviva el debate sobre el acceso efectivo, la información disponible, los perfiles de población y el modo en que se aplica el marco legal en cada territorio. El Ministerio, en cualquier caso, ha presentado el dato como un balance provisional que refleja tendencias y disparidades, no como un diagnóstico cerrado.
Comparativa internacional: España, a distancia de otros países
El Ministerio también contextualizó la situación española frente a otros marcos legales. La prestación en España se mantiene en niveles inferiores a los de países con legislación similar. Mientras que en España la tasa vinculada al volumen de mortalidad por ayuda para morir se sitúa en 0,13%, en Países Bajos alcanza 5,96%, en Canadá 5,10% y en Bélgica 4%. En volumen, España registró 565 prestaciones en 2025 frente a las cifras de referencia aportadas para Canadá (16.499) y Países Bajos (10.341).
Este contraste internacional suele alimentar dos lecturas distintas: desde quienes sostienen que España se mantiene más restrictiva y desde quienes señalan que la tasa responde a la propia estructura sanitaria, cultural y demográfica, además del funcionamiento del procedimiento.
Debate social: apoyo ciudadano y prioridades al final de la vida
Durante la misma jornada se presentó un informe sobre percepción pública del final de vida en España, elaborado por la Cátedra Younger Bioética Empírica (CYBE) y la Universidad de Granada. El trabajo exploró conocimiento, actitudes y preferencias de la población, con datos preliminares de una encuesta con 1.637 participantes.
Según estos resultados, el 72,1% está de acuerdo con que la eutanasia sea un derecho, frente al 12,2% que no lo está y el 15,8% que no sabe o no contesta. Además, el 71% considera que no debe prolongarse la vida mediante tratamientos de soporte vital cuando no exista cura posible.
Sobre ámbitos concretos, el 58,7% está de acuerdo con permitir la eutanasia en pacientes con demencia si la solicitaron previamente por escrito, aunque en el momento de aplicar la medida no comprendan su situación. El 49% también se muestra favorable a que se permita en pacientes con enfermedades incurables aunque les queden varios años de vida.
En cuanto a preferencias personales para el final de la vida, la población prioriza la calidad frente a la cantidad. La opción más elegida es «morir sin dolor», seguida de «morir en casa» y «morir consciente», quedando en último lugar «vivir más tiempo como prioridad».
En Canarias, el dato de 2,66 solicitudes por cada 100.000 habitantes en 2025 se convierte, así, en una señal que añade intensidad a un debate ya abierto: cómo se informa a la ciudadanía, cómo se tramitan las solicitudes y qué papel juegan las decisiones y los tiempos del sistema sanitario en un momento tan delicado.
