Canarias avanza hacia la aprobación de su primera Ley Canaria de la Ciencia, una norma llamada a convertirse en el pilar jurídico del sistema de investigación, innovación y transferencia de conocimiento del Archipiélago. El proyecto legislativo, actualmente en tramitación parlamentaria, persigue dotar a la comunidad autónoma de un marco estable que coordine universidades, centros de investigación, personal científico, empresas y administraciones públicas, alineando la política científica canaria con los grandes retos económicos y sociales del territorio.
La futura ley tiene como objetivo principal ordenar y fortalecer el ecosistema científico canario, estableciendo reglas claras sobre planificación, financiación, gobernanza y evaluación de la investigación. Entre sus ejes se encuentran el impulso a la carrera investigadora, la mejora de la transferencia de conocimiento al tejido productivo, el fomento de la innovación empresarial y la atracción y retención de talento, un aspecto clave para una región ultraperiférica que compite en desventaja geográfica con otros territorios europeos.
El texto legislativo se tramita en la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Parlamento de Canarias, donde ya se ha constituido la ponencia encargada de estudiar el articulado y negociar las modificaciones propuestas por los grupos políticos. Esta ponencia está integrada por representantes de todas las fuerzas parlamentarias, lo que refleja la voluntad de dotar a la ley de un amplio respaldo político y de convertirla en una norma de largo recorrido.
El interés que despierta la ley se evidencia en el elevado número de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, que superan las ochenta. Las propuestas abordan cuestiones sensibles como el papel de las universidades públicas, la financiación estable del sistema científico, los incentivos a la innovación, la coordinación con los fondos europeos y el reconocimiento profesional del personal investigador. Algunas enmiendas han abierto ya el debate sobre su impacto presupuestario, lo que obliga a recabar el criterio del Gobierno autonómico antes de su tramitación definitiva.
Más allá del debate técnico, la Ley Canaria de la Ciencia se inserta en una estrategia política de diversificación económica. El Ejecutivo y la mayoría de los grupos coinciden en que la ciencia, la innovación y el conocimiento deben convertirse en motores de crecimiento complementarios al turismo, especialmente en ámbitos donde Canarias posee ventajas competitivas como la astrofísica, las ciencias marinas, la biodiversidad, la economía azul o la transición energética.
El proceso legislativo no está exento de matices jurídicos. Al menos una de las enmiendas ha quedado pendiente de evaluación por una posible afectación al marco constitucional, lo que anticipa un debate sobre los límites competenciales de la Comunidad Autónoma en materia científica. Este aspecto subraya la complejidad de una ley que busca reforzar el autogobierno sin invadir competencias estatales.
Con la ponencia ya en marcha y el debate abierto, la Ley Canaria de la Ciencia entra en su fase decisiva. Su aprobación marcará un antes y un después en la política científica del Archipiélago, al proporcionar seguridad jurídica, estabilidad institucional y una hoja de ruta clara para convertir el conocimiento en un eje estructural del desarrollo de Canarias en los próximos años.
