El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha decidido elevar el pulso político ante el bloqueo prolongado de los compromisos del Estado con el Archipiélago. Esta semana tiene previsto convocar a representantes de cabildos, ayuntamientos, patronales empresariales y sindicatos para explicarles el contenido del ‘Decreto Canarias’ y reforzar un documento que nace con una idea clara: poner fin a la parálisis provocada por la inestabilidad de la política estatal.
El anuncio se produjo tras la reunión mantenida el pasado jueves con los portavoces parlamentarios, en la que se debatió un texto ya ampliado con las aportaciones de los grupos en materias de competencia estatal. Clavijo no ocultó la dimensión estratégica del decreto: “Estamos poniendo los cimientos de Canarias para los próximos 20 años”, afirmó, dejando claro que el objetivo es garantizar, por la vía normativa, lo que lleva años prometiéndose y no llega.
El presidente fue directo al señalar el origen del problema: la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y el bloqueo de partidas esenciales recogidas tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Agenda Canaria. Una situación que, advirtió, compromete la prestación de servicios públicos básicos y frena proyectos urgentes en vivienda, empleo, educación o movilidad.
Unidad frente al bloqueo y advertencia a la oposición
Clavijo lamentó la ausencia del PSOE y Nueva Canarias en el encuentro, una decisión que, a su juicio, debilita la posición negociadora del Archipiélago. Aun así, tendió la mano para que se reincorporen al debate cuando la comunicación del Gobierno llegue al Parlamento en febrero. “No es una buena noticia que nos dividamos en la defensa de asuntos que afectan directamente a la gente”, advirtió, reclamando responsabilidad política frente a la crispación importada del escenario estatal.
El mensaje fue claro: sin unidad social y política, Canarias pierde fuerza frente a Madrid. Por eso, el presidente insistió en que el decreto debe contar con un respaldo amplio, no solo institucional, sino también social. “Ese apoyo social es la fortaleza con la que vamos a poder negociar con el Estado”, subrayó.
Un decreto para desbloquear lo esencial
El texto del Decreto Canarias —denominado oficialmente Medidas urgentes para el mantenimiento y la recuperación de las condiciones sociales y económicas de Canarias— no es menor: incluye una declaración de principios, 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres finales. Un armazón jurídico diseñado para forzar al Estado a cumplir compromisos ya adquiridos.
Entre las medidas más relevantes figura la exigencia de mantener la gratuidad del transporte público terrestre durante al menos dos años más, con una financiación de 160 millones de euros anuales; 45 millones para el Plan Integral de Empleo en 2026; un plan específico de empleo juvenil dotado con 42 millones; y otros 42 millones para infraestructuras educativas.
El decreto también reclama la continuidad de la deducción del 60% del IRPF en las islas verdes, bonificaciones a la Seguridad Social para fomentar el empleo estable y partidas específicas para acelerar la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica.
Vivienda, dependencia y servicios públicos bajo presión
En el bloque social, el documento apunta directamente a algunas de las mayores urgencias del Archipiélago. La emergencia habitacional se aborda con la solicitud de cesión de suelo estatal para vivienda protegida y una financiación de 105 millones anuales para vivienda asequible. A ello se suman recursos para dependencia, sanidad, educación infantil, formación profesional y lucha contra la pobreza.
El decreto incluye además reclamaciones históricas como la financiación del Convenio de Carreteras, inversiones hidráulicas, fondos para infraestructuras turísticas y energéticas, y la financiación estatal de 1.400 plazas de la Policía Canaria.
Un mensaje político sin rodeos
Clavijo recordó que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se comprometió en agosto a abrir la negociación cuando recibiera una propuesta concreta. Ahora, con el documento prácticamente cerrado, el Ejecutivo canario espera que ese compromiso se materialice.
El mensaje de fondo es inequívoco: Canarias no pide privilegios nuevos, exige que se cumpla lo ya firmado. Y ante un Estado bloqueado, el Gobierno autonómico opta por activar un decreto, sumar apoyos sociales y advertir de que seguir esperando tiene un coste directo sobre la vida de la ciudadanía.
Noticia escrita por Pedro Marrero. Editado y verificado por Gara Vega. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
