El Gobierno de Canarias ha dado un paso al frente para reforzar el Sistema Integral de Prevención y Protección frente a la violencia vicaria. Esta decisión no es menor: busca blindar a los menores ante una de las manifestaciones de violencia de género, donde el agresor utiliza a los hijos como herramienta definitiva para infligir el máximo dolor a la progenitora. El objetivo de este refuerzo es perfeccionar la coordinación institucional para que ningún fallo burocrático o de comunicación deje desprotegidos a los más vulnerables.
La clave de esta iniciativa reside en la detección temprana. El plan canario apuesta por unificar protocolos entre las áreas de Sanidad, Educación y Justicia. Esto significa que cualquier señal de alerta detectada en un centro escolar o en una consulta pediátrica debe activar de inmediato los mecanismos de protección. Se trata de un cambio de paradigma: pasar de un modelo reactivo, que interviene cuando el daño ya está hecho, a uno preventivo que se anticipe al riesgo antes de que se convierta en tragedia.
Uno de los pilares fundamentales es la formación especializada de los profesionales involucrados. El Ejecutivo autonómico insiste en que jueces, fiscales y fuerzas de seguridad deben contar con herramientas específicas para identificar el perfil del maltratador vicario. El objetivo es evitar que se mantengan regímenes de visitas o custodias en casos donde existan indicios claros de peligro. La premisa es clara: un entorno de maltrato a la madre es, por definición, un entorno inseguro para los hijos.
Además de la prevención, el sistema refuerza la atención psicológica especializada. El trauma que genera la violencia vicaria requiere un abordaje muy distinto al de otras formas de maltrato. Por ello, se ampliarán los recursos destinados al acompañamiento terapéutico, tanto para las madres como para los menores. Esta asistencia no busca solo la recuperación inmediata, sino un seguimiento a largo plazo que asegure la reparación del daño emocional.
La coordinación estrecha entre administraciones y la formación continua de los agentes implicados son las bazas con las que el archipiélago pretende cerrar las brechas del sistema y garantizar que la protección de los más vulnerables sea una realidad efectiva y sin fisuras.
