El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha llevado la crisis habitacional del Archipiélago directamente al corazón de Europa. En una intervención ante la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea (HOUS) del Parlamento Europeo, Rodríguez defendió este martes la necesidad imperante de que el futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible reconozca la singularidad de las regiones ultraperiféricas (RUP), y en particular, la situación única de Canarias.
Insularidad y presión turística: factores agravantes
El mensaje del consejero fue claro: la problemática de la vivienda en Canarias es estructural y se ve agravada por factores intrínsecos a su condición RUP.
“Factores como la insularidad, la lejanía geográfica, la escasez de suelo disponible, la complejidad orográfica, los altos costes de construcción y la presión turística y residencial generan un contexto único que dificulta el acceso a la vivienda asequible”, subrayó Rodríguez.
El consejero apeló al Artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige medidas específicas para las RUP, demandando que este principio se aplique también a la política de vivienda europea.
Las medidas urgentes de Canarias
Ante la inacción o lentitud de Bruselas, el Ejecutivo canario ya ha puesto en marcha un marco normativo urgente. Rodríguez detalló las medidas impulsadas, destacando el Decreto Ley 1/2024-3/2025, que declara la emergencia habitacional. Esta norma permite acciones drásticas para movilizar suelo, como:
El uso de suelo dotacional para vivienda sin modificar el planeamiento.
La recalificación de locales y urbanizaciones.
La agilización de trámites y el fomento de la colaboración público-privada.
Adicionalmente, el Gobierno ha destinado un presupuesto récord en 2025 de 171,8 millones de euros para mantener y ampliar ayudas al alquiler para jóvenes y familias, además de impulsar la compra de viviendas inacabadas para evitar consumir nuevo suelo.
Freno a la compra por no residentes
Uno de los puntos más polémicos de la intervención fue la solicitud de proteger a los residentes mediante la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes.
Rodríguez recordó que el Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. El objetivo es dotar a los municipios de herramientas para actuar en materia tributaria, de empadronamiento o actividad turística local, buscando reducir la presión residencial generada por la adquisición masiva de segundas residencias.
Esta estrategia jurídico-política, presentada en la Conferencia de Presidentes de junio, busca frenar una dinámica que «dificulta el acceso de la población local» a un hogar digno.
Cohesión Europea en Juego
El consejero concluyó instando a Bruselas a que su Estrategia de Vivienda Asequible incluya soluciones integrales que aborden la pobreza energética, amplíen la oferta sostenible y controlen la presión del mercado turístico.
“Garantizar el acceso a una vivienda digna en territorios insulares como es el caso de Canarias no es solo una cuestión de justicia social, sino de un compromiso con la cohesión europea y la igualdad entre todos los ciudadanos miembros de la Unión”, sentenció Rodríguez.
