El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha utilizado su intervención en el foro Wake Up Spain celebrado en Madrid para reafirmar con claridad que el archipiélago no va a renunciar a la cogestión de sus aeropuertos, una competencia que el Estatuto de Autonomía de 2018 reconoce en su artículo 161 y que el Estado ha esquivado sistemáticamente durante los ocho años transcurridos desde su aprobación. La declaración llega apenas una semana después de la primera reunión bilateral entre el Gobierno canario y el Gobierno central, celebrada el 10 de abril, en la que se acordó la creación de grupos de trabajo técnicos para avanzar en la materia. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado abierto al diálogo pero ha trazado una línea roja: la gestión en red de los aeropuertos de interés general es una competencia constitucionalmente asignada al Estado, y cualquier fórmula de participación autonómica no puede poner en jaque ese modelo.
Lo que está en juego no es un debate abstracto de derecho constitucional sino el control sobre una infraestructura que en 2025 canalizó 54,7 millones de pasajeros, un récord histórico, a través de ocho aeropuertos gestionados por Aena, cuyo accionariado se reparte entre un 51% estatal y un 49% privado. Para una economía donde el turismo genera 24.000 millones de euros anuales y el PIB creció un 3,4% en 2025 frente al 2,8% nacional, la capacidad de influir en la planificación de rutas, slots, tasas y ampliaciones no es un capricho autonomista sino una cuestión de supervivencia económica. El problema es que el artículo 149.1.20 de la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva sobre aeropuertos de interés general, lo que obliga a buscar fórmulas de participación imaginativas, acuerdos de cogestión, presencia en órganos consultivos de Aena o comisiones mixtas de planificación, que satisfagan la letra del Estatuto sin forzar una reforma legal que Madrid no tiene incentivo alguno en acometer. Clavijo ha añadido a la demanda aeroportuaria otra igualmente sensible: el control autonómico sobre los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal, lo que dibujaría un nuevo reparto del poder tributario en las islas que, por ahora, el Estado observa con más cortesía que convicción.
@Cahora/X
