El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado el Plan de Ordenación del Personal Laboral de la Administración Pública autonómica, un instrumento negociado con los sindicatos y firmado el 9 de abril de 2026 en la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo. El plan abarca a 7.749 trabajadores, de los cuales 3.891 son fijos y 3.858 temporales, es decir, prácticamente la mitad de la plantilla laboral opera sin estabilidad contractual. La vigencia es de cuatro años, prorrogable uno más, y se articula sobre ejes de movilidad, promoción profesional, reducción de la temporalidad y regularización de la relación jurídica de laborales que desempeñan funciones propias de funcionarios. Según los datos del propio Ejecutivo, el 78,52% del personal laboral son mujeres (6.085) frente al 21,48% de hombres (1.664), una distribución que refleja la feminización estructural de los servicios públicos de cuidados, educación y administración que el Gobierno subcontrata bajo fórmulas precarias.
El presidente Fernando Clavijo calificó el acuerdo como «un acto de justicia», retórica que conviene contrastar con la aritmética: si casi la mitad de tu plantilla laboral es temporal, el acto de justicia hubiera sido no llegar a esa situación. La propia Administración canaria ha sido durante décadas el principal generador de empleo precario del archipiélago, encadenando contratos temporales en puestos estructurales para esquivar las rigideces presupuestarias de las ofertas de empleo público. El plan incluye además la creación de un Comité de Igualdad, órgano cuya necesidad resulta evidente a la vista de la brecha de género invertida en la composición de la plantilla pero cuya eficacia real dependerá de que se dote de competencias y presupuesto propios, no de que se limite a emitir informes que nadie lee. La pregunta incómoda es si cuatro años bastan para deshacer lo que tres décadas de inercia burocrática han consolidado, o si el plan acabará siendo otro documento bien encuadernado en el cajón de la Dirección General de Función Pública.
