El Parlamento de Canarias marcó el pasado 10 de diciembre de 2025 un hito en la XI Legislatura con la aprobación del dictamen de la Comisión de Estudio para la revisión del Régimen Económico y Fiscal (REF). Culmina así un trabajo de dos años, veinte sesiones técnicas y la comparecencia de 36 expertos -desde catedráticos universitarios hasta representantes empresariales y sindicales- con un objetivo común: actualizar y proteger el REF frente a los vaivenes políticos de Madrid y Bruselas.
El documento, publicado oficialmente el 16 de diciembre en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, va más allá de una revisión técnica. Se presenta como una respuesta estructural a lo que los expertos han definido como una “tormenta perfecta” para el Archipiélago: un PIB per cápita que se aleja de la media estatal, una productividad estancada desde los años noventa y tasas de desempleo estructuralmente elevadas.
El dictamen se articula en torno a tres grandes ejes que buscan transformar el REF de una herramienta meramente compensatoria en un motor económico de vanguardia. El primero de ellos es el refuerzo de la seguridad jurídica y la gobernanza, con el blindaje del anclaje normativo del REF como derecho histórico y constitucional. La Comisión subraya la necesidad de evitar la inseguridad jurídica que, en la práctica, dificulta la aplicación de incentivos clave como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).
El segundo eje apunta a la adaptación al nuevo modelo económico. Sin renunciar al apoyo tradicional al sector primario o al transporte, el dictamen apuesta por potenciar sectores de alto valor añadido como el audiovisual, las energías renovables, la economía azul o la I+D+i, ámbitos en los que Canarias empieza a consolidarse como polo de atracción internacional.
El tercer pilar sitúa al REF como escudo social. El documento defiende que los beneficios fiscales deben tener un impacto directo en la ciudadanía, incorporando instrumentos como el Plan Integral de Empleo (PIEC) o el Plan de Lucha contra la Pobreza, con el objetivo de que el crecimiento económico se traduzca en una reducción real de la desigualdad.
El análisis técnico incluido en el dictamen es claro: el REF ha sido clave para evitar el colapso económico durante la crisis de 2008 y la pandemia de la COVID-19, pero no ha sido suficiente para corregir los desequilibrios estructurales del Archipiélago. Productividad estancada, desempleo persistente y elevados costes derivados de la lejanía siguen lastrando la competitividad de las islas.
Uno de los elementos centrales del documento es la reafirmación del estatus de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP). El dictamen pone el foco en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite excepciones en materia de ayudas de Estado para compensar la fragmentación territorial y la lejanía. Aunque la transición al régimen de comunicación ha simplificado los trámites, el Parlamento reclama que Bruselas asuma que Canarias no compite en igualdad de condiciones con otros territorios europeos.
El amplio respaldo parlamentario -con el apoyo de PSOE, CC, PP, ASG y otros grupos- dota al dictamen de una fuerza política singular de cara a las próximas negociaciones con el Estado y la Unión Europea. Ahora, la atención se centra en el Gobierno de España y en la Comisión Europea, en un contexto clave marcado por la negociación del nuevo marco financiero y la futura reforma del sistema de financiación autonómica.
La clave, según subraya el propio dictamen, estará en que los recursos del REF sean estrictamente adicionales y nunca sustitutivos de la financiación ordinaria. Una reivindicación que Canarias aspira a convertir en principio irrenunciable en la ventana de oportunidad que se abrirá a partir de 2026.
