El Gobierno de Canarias ha movido ficha por lo que considera una situación de asfixia financiera y legislativa insostenible. A través de una comunicación oficial remitida al Parlamento, el Ejecutivo autonómico ha presentado un borrador de Real Decreto-ley de medidas urgentes con el que pretende forzar al Estado a cumplir con las singularidades del archipiélago. La propuesta surge tras años de prórrogas presupuestarias y una actividad normativa en las Cortes Generales que, según el texto, ha sido incapaz de atender las necesidades de las islas.
La justificación de esta medida excepcional es directa: Canarias no puede esperar más por la burocracia de Madrid. El documento certifica que la demora en la ejecución de los presupuestos estatales genera un «grave perjuicio» al principio de suficiencia financiera y vulnera el mandato constitucional de igualdad. Para el Gobierno regional, no se trata de una petición de fondos ordinaria, sino de una respuesta de emergencia ante un escenario de «extraordinaria y urgente necesidad».
Lo que hace singular a esta comunicación es el diagnóstico de una Canarias en estado de alerta permanente. El Ejecutivo sostiene que el archipiélago se enfrenta de manera simultánea a seis emergencias críticas: la migratoria, la habitacional, la energética, la hídrica, la climática y la tecnológica.
Para combatir este escenario, el decreto ley propuesto busca asegurar los derechos históricos de los canarios, convirtiéndolos en realidades ejecutables y no en meras declaraciones de intención. El texto pone el foco en la recuperación del poder adquisitivo de las familias y en el mantenimiento de servicios públicos esenciales que se han visto tensionados por la falta de un marco presupuestario actualizado a nivel estatal.
Con el envío de esta comunicación, el Gobierno no solo busca informar, sino obtener el respaldo unánime del Parlamento para acudir ante Madrid con una posición de fuerza institucional. La estrategia pasa por involucrar a los sectores sociales en el documento para que el Real Decreto-ley sea percibido como un mandato de la sociedad civil canaria y no solo como una iniciativa partidista.
El acuerdo, firmado por Nieves Lady Barreto, subraya que es imperativo que el Estado promueva la legislación adecuada para satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía del archipiélago. En definitiva, Canarias reclama su derecho a una vía rápida legislativa para evitar que su condición de región ultraperiférica se traduzca en una ciudadanía de segunda clase frente al bloqueo político que vive el continente.
