El nuevo convenio de cooperación para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, aprobado por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, vuelve a situar en el centro del debate uno de los asuntos más sensibles de la política social canaria: la brecha entre la planificación institucional y la realidad sociosanitaria del Archipiélago.
El acuerdo, suscrito entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo grancanario para el periodo 2025-2028, moviliza 615,28 millones de euros destinados a la atención de unas 8.000 personas mayores y con discapacidad en la isla. Una cifra relevante en términos presupuestarios, pero que, según denuncia el propio Cabildo, no resulta suficiente para sostener un sistema en expansión, tensionado por el envejecimiento acelerado de la población y el aumento de las situaciones de dependencia.
Una financiación que no acompaña el crecimiento del sistema
La consejera insular de Política Social, Isabel Mena, ha advertido de que el convenio, aunque incorpora una actualización de los precios de los servicios -ya asumida previamente por el Cabildo en sus licitaciones-, no refleja la realidad completa del mapa sociosanitario de Gran Canaria. En concreto, quedan fuera las nuevas plazas que entrarán en funcionamiento con la apertura de centros como el CADI de Tamaraceite o el Centro El Drago, infraestructuras ya construidas que carecen de financiación garantizada para su puesta en marcha.
Este desajuste pone de relieve un problema estructural que afecta al conjunto de Canarias: la falta de sincronía entre la inversión en infraestructuras sociosanitarias y la dotación económica necesaria para su funcionamiento, lo que amenaza con convertir equipamientos estratégicos en recursos infrautilizados.
Retrasos, adelantos y tensión institucional
El convenio llega, además, con un año de retraso, una circunstancia que ha obligado al Cabildo de Gran Canaria a adelantar 84 millones de euros con fondos propios para evitar la interrupción del servicio. Sin ese esfuerzo financiero extraordinario, el sistema de atención a la dependencia de la isla habría corrido el riesgo de dejar sin cobertura a miles de personas vulnerables.
Este retraso ha sido denunciado en reiteradas ocasiones tanto por la consejera insular como por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y evidencia las tensiones existentes entre administraciones en la gestión de una política pública esencial.
El debate también se traslada al Parlamento de Canarias
La situación no es ajena al debate autonómico. La Ley de Dependencia ha sido tratada en múltiples ocasiones en el Parlamento de Canarias, donde la oposición y parte de los socios de gobierno han cuestionado de forma recurrente si los presupuestos autonómicos reflejan realmente la dureza y dimensión de esta realidad social. Las discusiones parlamentarias han girado en torno a la suficiencia financiera del sistema, los retrasos en la tramitación de expedientes y la creciente lista de espera, especialmente en islas capitalinas como Gran Canaria y Tenerife.
En este contexto, el nuevo convenio reaviva las dudas sobre si la planificación presupuestaria del Gobierno de Canarias está alineada con las necesidades reales de la población dependiente o si, por el contrario, sigue siendo una respuesta parcial a un problema estructural.
Un reparto plurianual bajo presión
El acuerdo aprobado distribuye los 615 millones de euros en cuatro anualidades: 127 millones en 2025, 159 millones en 2026, 162 millones en 2027 y 165 millones en 2028. Sin embargo, el propio diseño del reparto anticipa que la presión financiera no se aliviará antes de 2026, año en el que el Cabildo ya ha anunciado que reclamará una revisión del convenio.
Entre las demandas pendientes figuran la creación de 200 nuevas plazas de centros de día para mayores y personas con discapacidad, así como la ampliación del servicio de ayuda a domicilio, un recurso clave en un territorio fragmentado y con importantes desequilibrios territoriales.
Un reto canario con dimensión europea
Más allá del caso de Gran Canaria, el conflicto refleja un desafío compartido por las regiones ultraperiféricas europeas: cómo garantizar sistemas de cuidados sostenibles en contextos de envejecimiento acelerado, mayores costes estructurales y limitaciones presupuestarias. Un debate que conecta directamente con Bruselas y con la necesidad de que la singularidad canaria se traduzca también en financiación estable y suficiente para la dependencia.
El nuevo convenio asegura continuidad, pero no despeja las incógnitas de fondo. Canarias gana tiempo, pero no margen. Y la atención a la dependencia sigue siendo, una vez más, uno de los grandes exámenes políticos del Archipiélago.
