Canarias inicia 2026 instalada en la incertidumbre estructural que atraviesa tanto su política fiscal como sus principales sectores productivos. La reciente admisión a trámite en el Parlamento del decreto ley que amplía hasta finales de 2026 el tipo cero del IGIC para operaciones vinculadas a la recuperación de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite, evidencia la necesidad de prolongar medidas excepcionales ante una normalidad que aún no llega. Al mismo tiempo, el archipiélago observa con preocupación el nuevo rumbo presupuestario de la Unión Europea, que amenaza con recortes significativos en la financiación del sector primario.
El decreto, aprobado por el Gobierno autonómico y ahora en fase parlamentaria, actúa como un parche fiscal imprescindible para sostener la actividad económica en una isla donde la reconstrucción avanza a ritmos desiguales y muy dependientes de recursos externos. La extensión del tipo cero del IGIC permite aliviar la carga tributaria de empresas, profesionales y explotaciones agrarias dañadas por la erupción, pero también revela una realidad incómoda: Canarias sigue compensando con herramientas propias la insuficiencia de la financiación estatal y europea destinada a la recuperación.
Esa fragilidad financiera se proyecta con especial intensidad sobre el sector primario, uno de los más expuestos al nuevo escenario comunitario. Las organizaciones profesionales agrarias de Canarias han alertado de que la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 contempla recortes superiores al 20% en la Política Agrícola Común (PAC) y diluye instrumentos clave como el POSEI, vital para las Regiones Ultraperiféricas. La posibilidad de que estas ayudas queden integradas en planes nacionales sin dotación específica ha encendido las alarmas tanto en el sector como en los grupos parlamentarios canarios.
En la Cámara autonómica crece el consenso sobre la necesidad de defender una financiación diferenciada para Canarias, pero también la preocupación por la debilidad negociadora del Estado ante Bruselas y por el riesgo de que las singularidades del archipiélago queden subordinadas a prioridades continentales ajenas a la realidad insular. Mientras el Parlamento prolonga beneficios fiscales para sostener economías golpeadas por una catástrofe natural, el campo canario afronta un futuro incierto, amenazado por la competencia exterior, el aumento de costes y una posible merma de apoyos europeos.
El arranque de 2026 dibuja así un escenario contradictorio: medidas autonómicas que tratan de ganar tiempo frente a un contexto internacional y presupuestario cada vez más volátil. La prórroga del tipo cero del IGIC en La Palma y la movilización del sector primario contra los recortes comunitarios son dos caras de una misma realidad: Canarias se enfrenta al nuevo año con la sensación de caminar sobre terreno inestable, confiando en su capacidad de resistencia, pero consciente de que su futuro inmediato dependerá en gran medida de decisiones que se toman lejos del Archipiélago, tanto en Madrid como en Bruselas.
