El Gobierno de Canarias ha despejado las incógnitas sobre la estructura de vencimientos de sus compromisos financieros. En respuesta parlamentaria a la diputada Esther González González, del Grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), el Ejecutivo ha confirmado que la vida media de la cartera de deuda de la Comunidad Autónoma se situó en 5,45 años a finales de noviembre de 2025. Este indicador es clave para evaluar la solvencia y la exposición del archipiélago a las fluctuaciones de los tipos de interés en el corto y medio plazo y, en concreto, las emisiones de la época de Nueva Canarias de cuando el pacto PSOE, NC, Podemos y el socialconservador bloque gomero de ASG.
La cifra, obtenida de los datos remitidos al Ministerio de Hacienda a través de la ficha de Captura de Información Mensual (CIMCA), refleja una estrategia de gestión de pasivos que busca equilibrar el coste de financiación con la estabilidad presupuestaria. Bajo el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Canarias mantiene un perfil de deuda que permite una planificación de pagos manejable, evitando una concentración excesiva de vencimientos en el futuro inmediato.
Esta métrica de 5,45 años es una variable crítica para los analistas, ya que determina el margen de maniobra de las cuentas públicas ante posibles refinanciaciones. Una vida media en este rango sugiere que el Tesoro autonómico ha logrado alargar los plazos de sus préstamos y emisiones, blindando parte de su cartera frente a la volatilidad de los mercados. La transparencia en estos datos mensuales, exigida por la normativa estatal desde 2012, es la que permite al Parlamento fiscalizar si la política de endeudamiento del Ejecutivo se ajusta a los objetivos de estabilidad exigidos por Bruselas y Madrid.
La comunicación del Viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Víctor Tomás Chinea, cierra así el seguimiento estadístico del ejercicio 2025, consolidando la posición de Canarias como una administración con un calendario de amortización previsible. Este dato será fundamental para las próximas negociaciones de financiación autonómica y para la calificación crediticia que las agencias internacionales otorguen a la región durante el primer trimestre de 2026.
