En un contexto de distorsiones macroeconómicas e incertidumbre fiscal, el Gobierno de Canarias ha optado por reforzar uno de sus principales activos políticos y financieros: la credibilidad presupuestaria. Así se desprende del marco económico que acompaña a los Presupuestos autonómicos de 2026, donde el Ejecutivo reconoce posibles dificultades para definir la estrategia de financiación, pero reafirma su compromiso con una deuda pública sostenible, el cumplimiento de las reglas fiscales y una senda de estabilidad a medio y largo plazo.
El mensaje no es menor y está llamado a protagonizar el debate en el Parlamento de Canarias, donde la política fiscal y el endeudamiento han adquirido un peso central tras años de excepcionalidad presupuestaria y reglas fiscales suspendidas a nivel europeo.
Una estrategia de deuda bajo control
Pese a las incertidumbres, el Ejecutivo canario sostiene que el endeudamiento previsto para 2026 es coherente con la estrategia seguida en ejercicios anteriores. La deuda pública de la Comunidad Autónoma se situará en el 10,4% del PIB nominal a 31 de diciembre de 2026, una de las ratios más bajas del conjunto autonómico español.
En términos absolutos, el endeudamiento estimado asciende a 6.680 millones de euros, una cifra que responde fundamentalmente a operaciones de refinanciación. De ese total, 646,44 millones corresponden a la renovación de amortizaciones previstas, a lo que se suman 56,59 millones derivados de las liquidaciones negativas del sistema de financiación autonómica de 2008 y 2009, todavía pendientes. El resto del perímetro público autonómico aportará incluso un endeudamiento neto negativo, lo que refuerza la contención global de la deuda.
Este planteamiento será examinado con lupa en la Cámara autonómica, donde previsiblemente se confrontarán dos visiones: la del Gobierno, que defiende prudencia y estabilidad, y la de quienes reclaman un mayor uso del margen fiscal para afrontar retos sociales estructurales.
El aval de los mercados: Canarias sube a A+
Uno de los elementos más destacados del escenario financiero canario es la mejora de su calificación crediticia. A fecha 19 de septiembre de 2025, la Comunidad Autónoma cuenta con un rating A+ con perspectiva estable, otorgado por Standard & Poor’s (S&P).
La mejora -desde la calificación A- está directamente vinculada a la reciente revisión al alza del rating del Reino de España, ya que la nota de Canarias se encuentra limitada por la del Estado soberano. No obstante, el matiz es políticamente relevante: S&P considera que el perfil crediticio individual de Canarias, sin el límite soberano, se situaría en AA-, por encima del nivel actual.
En su informe de mayo de 2025, la agencia ya destacaba el sólido desempeño presupuestario, una deuda reducida y en descenso, así como la capacidad de la Comunidad Autónoma para mantener superávits operativos sólidos y presupuestos equilibrados al menos hasta 2027. Un diagnóstico que el Gobierno utilizará previsiblemente como argumento central durante la tramitación parlamentaria de las cuentas.
Incertidumbre fiscal y cautela normativa
El documento presupuestario no oculta, sin embargo, las dificultades del entorno. El Ejecutivo reconoce que las incertidumbres en el plano presupuestario y fiscal nacional -incluidas las reglas fiscales finalmente aplicables en 2026- obligan a mantener de forma puntual y temporal el diferimiento de algunas reducciones fiscales de mayor calado, con el objetivo de proteger a familias y empresas hasta que el marco sea plenamente conocido.
Esta cautela no implica, según el Gobierno, una renuncia a la agenda fiscal de la legislatura. Los presupuestos incorporan modificaciones normativas que dan continuidad y profundizan en la reducción de la carga fiscal a la ciudadanía canaria, una línea política que también será objeto de debate en el Parlamento, especialmente en relación con su impacto distributivo y su compatibilidad con la estabilidad financiera.
Estabilidad como argumento político
En un escenario de transición hacia la normalización fiscal en Europa y en España, Canarias se presenta como una comunidad que juega a largo plazo: deuda contenida, credibilidad ante los mercados y prudencia en la toma de decisiones. La mejora del rating y la previsión de reducción continuada de la deuda refuerzan ese relato.
La cuestión que ahora se traslada al Parlamento de Canarias es si esta estrategia de estabilidad es suficiente para responder a las demandas sociales del Archipiélago o si, por el contrario, existe margen -y necesidad- de asumir mayores riesgos fiscales. Un debate que, más allá de las cifras, marcará el pulso político de los Presupuestos de 2026.
